La Conferencia del Poder Judicial 2026, celebrada del 9 al 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, constituyó un espacio de reflexión estratégica orientado a evaluar los avances del sistema de justicia dominicano y a proyectar su desarrollo en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034. Más que un evento de carácter expositivo, funcionó como un mecanismo de articulación institucional en el que convergieron autoridades públicas, operadores del sistema, actores académicos y especialistas internacionales, con el propósito de analizar el estado actual de la justicia y definir prioridades para su consolidación.
El eje central de la conferencia giró en torno a la transformación estructural del Poder Judicial. Esta transformación se presenta como un proceso sostenido, caracterizado por la adopción de herramientas tecnológicas, la reorganización de los procesos judiciales y el fortalecimiento de la transparencia institucional. En ese sentido, uno de los elementos más relevantes discutidos fue la reducción de la mora judicial, particularmente en la Suprema Corte de Justicia, donde se ha logrado una disminución significativa del rezago histórico de expedientes. Este resultado se vincula con reformas procesales, mejoras en la gestión interna y el uso intensivo de tecnologías digitales.
La digitalización del sistema judicial ocupó un lugar central dentro de la agenda de la conferencia. El avance hacia un modelo de justicia digital se evidencia en la implementación de expedientes electrónicos, la firma digital de documentos judiciales y la ampliación de los servicios en línea para abogados y ciudadanos. Este proceso no solo implica una modernización tecnológica, sino también una transformación en la forma de acceso a la justicia, reduciendo barreras geográficas, costos de transacción y tiempos de respuesta. La consolidación de plataformas digitales ha permitido avanzar hacia un sistema más eficiente y accesible, alineado con estándares internacionales de gestión judicial.
Otro aspecto relevante abordado durante la conferencia fue la incorporación de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en el ámbito judicial. Este enfoque se inserta en una tendencia global que busca optimizar la gestión de casos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad institucional para responder a una demanda creciente de servicios judiciales. Sin embargo, el uso de estas tecnologías también plantea desafíos en términos de regulación, ética y protección de derechos fundamentales, lo que convierte este tema en un eje estratégico para el futuro del sistema.
La justicia abierta se consolidó como un componente transversal en las discusiones. Este enfoque implica no solo la transparencia en la gestión judicial, sino también la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. En este contexto, la apertura de datos y la creación de espacios de diálogo con la sociedad se presentan como herramientas fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema de justicia. La vinculación entre justicia abierta y gobernanza judicial refleja una visión que trasciende la eficiencia operativa y se orienta hacia la legitimidad institucional.
Asimismo, la conferencia abordó la necesidad de impulsar reformas estructurales que complementen los avances alcanzados. Estas reformas incluyen la revisión de marcos normativos, la optimización del proceso penal, la simplificación de procedimientos y la mejora de la coordinación interinstitucional. La discusión sobre estos temas evidencia que la transformación judicial no se limita a la implementación de herramientas tecnológicas, sino que requiere cambios profundos en la cultura organizacional y en el diseño del sistema.
La dimensión internacional del evento permitió situar la experiencia dominicana en un contexto comparado. La participación de expertos y organismos internacionales aportó perspectivas sobre buenas prácticas, tendencias globales y estándares de calidad en la administración de justicia. En particular, se destacó el posicionamiento del país en indicadores internacionales de Estado de derecho, lo que sugiere una mejora en aspectos como la efectividad institucional, el control de la corrupción y la garantía de derechos.
En conjunto, la Conferencia del Poder Judicial 2026 reflejó un proceso de consolidación institucional en el que la justicia dominicana se proyecta como un sistema en transición hacia modelos más modernos, abiertos y eficientes. La articulación entre digitalización, reducción de mora, justicia abierta e innovación tecnológica evidencia una estrategia integral orientada a mejorar la calidad del servicio judicial y fortalecer la confianza ciudadana.
Este tipo de espacios adquiere relevancia en la medida en que permite integrar distintos niveles de análisis operativo, normativo y estratégico y generar consensos sobre el rumbo del sistema de justicia. En ese sentido, la conferencia no solo sirvió para evaluar lo alcanzado, sino también para reafirmar la necesidad de mantener un proceso continuo de reforma, adaptado a los desafíos sociales, tecnológicos e institucionales del entorno contemporáneo.