La Estrategia Nacional de Integridad Pública es una hoja de ruta para fortalecer la ética, la transparencia y la confianza en las instituciones. Coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con acompañamiento técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), diseñada integrando a múltiples actores gubernamentales, sociedad civil, academia y organismos internacionales, esta iniciativa busca articular una política nacional coherente para prevenir la corrupción, mejorar la rendición de cuentas y promover una gestión pública más responsable.
Toda institución pública se mide, en buena parte, por la confianza que logra generar en la sociedad y por la experiencia que ofrece a las personas a las que sirve. Esa confianza no depende únicamente de los resultados alcanzados, sino también de la forma en que decide, informa, corrige y se relaciona con la ciudadanía. De ahí que la integridad pública sea hoy una condición indispensable para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y la legitimidad institucional.
Su valor está en ordenar esfuerzos que hoy se producen de manera fragmentada. La integridad pública no puede depender de acciones aisladas ni de respuestas reactivas. Requiere prevención, coordinación, medición y cultura institucional: en otras palabras, supone pasar del cumplimiento formal a una gestión pública más madura, capaz de identificar riesgos, transparentar decisiones, fortalecer controles internos y generar confianza sostenida.
El país ha avanzado en la construcción de un sistema nacional de integridad pública. Bajo la coordinación de la DIGEIG, se ha impulsado el desarrollo de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, el levantamiento de información institucional, la participación en los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE y el fortalecimiento de espacios de coordinación entre entidades públicas.
La DIGEIG ha promovido herramientas concretas para mejorar la transparencia y la prevención. Entre los avances se destacan el fortalecimiento del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), el impulso a los datos abiertos, la mejora de los estándares de transparencia institucional y la transformación de las antiguas comisiones de ética en Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, con una mirada más preventiva y orientada a la gestión de riesgos.
Los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE han permitido medir avances y oportunidades de mejora. En el caso dominicano, los resultados muestran progresos en la existencia de marcos normativos e institucionales, así como desafíos en la implementación práctica de medidas preventivas, canales seguros de denuncia, protección de denunciantes, gestión de riesgos y consolidación de una cultura ética en el sector público.
El Poder Judicial ha participado activamente en estos trabajos desde su rol constitucional. Como garante de derechos, de la seguridad jurídica y de la separación de poderes, su aporte a la agenda de integridad consiste en fortalecer, dentro de su propio ámbito, las condiciones que hacen posible una justicia independiente, transparente, responsable y confiable.
El Poder Judicial ha aportado información técnica relevante para el análisis de integridad en el sistema de justicia. En el marco de los trabajos vinculados a la OCDE, la institución ha compartido documentación sobre integridad judicial, transparencia, régimen disciplinario, carrera judicial, datos abiertos, evaluación del desempeño, transformación digital y acceso a la justicia.
El Poder Judicial también ha impulsado una transformación institucional sostenida. El Plan Justicia del Futuro 2034 organiza esa visión en tres ejes: justicia ágil, justicia accesible y justicia transparente. Bajo esa ruta se han desarrollado iniciativas para reducir la mora judicial, mejorar la atención a las personas usuarias, ampliar los servicios digitales, publicar datos institucionales y consolidar mecanismos de ética, control y rendición de cuentas.
Los avances institucionales se reflejan en herramientas más abiertas y cercanas a la ciudadanía. El Observatorio del Poder Judicial, la Política de Datos Abiertos, la Juristeca, el Portal de Transparencia, el Sistema de Gestión de Casos, Justicia.gob.do y los canales de atención multicanal permiten publicar información útil, mejorar la trazabilidad de los procesos y tomar decisiones con base en evidencia.
El siguiente paso es convertir los avances en prácticas sostenidas. La Estrategia Nacional de Integridad Pública será valiosa en la medida en que logre implementarse con metas claras, seguimiento periódico, responsabilidades definidas y resultados visibles para la ciudadanía.
El país debe seguir fortaleciendo la prevención de riesgos de integridad. Esto implica mejorar la gestión de conflictos de interés, ampliar canales seguros de denuncia, proteger a quienes denuncian de buena fe, fortalecer la transparencia en compras y contrataciones, mejorar la calidad de la información pública y continuar formando servidores públicos en ética, responsabilidad y cultura de servicio.
El Poder Judicial debe continuar aportando a esta agenda desde su propia naturaleza institucional. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables, pero deben articularse siempre con la independencia judicial, el debido proceso, la protección de datos personales y la imparcialidad de jueces y juezas.
La integridad pública debe traducirse en mayor confianza ciudadana. Para el Poder Judicial, esto significa continuar construyendo una justicia abierta, moderna, íntegra y centrada en las personas: una justicia que se explique mejor, que use datos para mejorar, que rinda cuentas con responsabilidad y que inspire confianza por lo que demuestra en la práctica cotidiana.