El informe Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa al sistema de justicia dominicano dentro de un proceso de consolidación institucional, en el que el Poder Judicial destaca por un desempeño cercano a los estándares internacionales, evidenciando avances relevantes en materia de integridad pública.
De acuerdo con los Indicadores de Integridad Pública, el Poder Judicial alcanza un 59% en criterios normativos y un 40% en criterios prácticos en integridad judicial, cifras que se aproximan al promedio de la OCDE (66% y 45%, respectivamente). Este posicionamiento no solo refleja una base normativa sólida, sino también un nivel de implementación que, dentro del conjunto de instituciones evaluadas en el país, evidencia un desempeño robusto en el ámbito judicial.
Estos resultados encuentran sustento en pilares institucionales claramente definidos. En primer lugar, las garantías constitucionales de independencia judicial consolidan la imparcialidad como principio rector del sistema. A ello se suma un modelo de carrera judicial basado en el mérito, con procesos de ingreso mediante concursos públicos, que fortalecen la profesionalización y legitimidad de la función jurisdiccional.
Asimismo, el Poder Judicial cuenta con un régimen disciplinario estructurado, con causales objetivas de sanción que contribuyen a la previsibilidad y coherencia del sistema. En el plano ético, la existencia de un Código de Comportamiento Ético orienta la actuación frente a riesgos de integridad, mientras que la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales constituye un mecanismo formal de transparencia y control.
Más allá de los resultados cuantitativos, el informe permite identificar un elemento clave: el Poder Judicial dominicano ha logrado articular un marco institucional coherente, funcional y alineado con buenas prácticas internacionales, que sirve de base para continuar avanzando hacia mayores niveles de efectividad.
En este contexto, el Poder Judicial se encuentra actualmente participando en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, coordinado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental con acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que representa una oportunidad para fortalecer de manera integral el sistema de integridad a nivel nacional. De forma paralela, el Poder Judicial impulsa internamente su transformación a través del Plan Justicia del Futuro 2034, que orienta sus esfuerzos hacia una justicia más ágil, accesible y transparente. Ambos procesos, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen a consolidar avances institucionales y a reforzar un modelo de justicia centrado en las personas y alineado con estándares internacionales
En términos comparados, los resultados alcanzados por el Poder Judicial reflejan no solo un nivel de desarrollo institucional significativo, sino también una capacidad de implementación progresiva que resulta determinante en el análisis de integridad pública. En un contexto donde la brecha entre norma y práctica constituye uno de los principales desafíos identificados por la OCDE a nivel global, el desempeño del sistema judicial dominicano evidencia avances concretos en la traducción de marcos normativos en prácticas institucionales.
Este elemento es particularmente relevante, en la medida en que posiciona al Poder Judicial como un referente dentro del ecosistema institucional evaluado, destacándose por la consistencia entre sus estructuras normativas y su grado de aplicación. Sin desconocer los retos propios de todo proceso de modernización institucional, los resultados reflejan una trayectoria de mejora continua que fortalece la integridad como eje transversal de la gestión judicial.
Adicionalmente, el enfoque adoptado por el Poder Judicial en los últimos años ha incorporado una visión más amplia de la integridad, vinculándola no solo al cumplimiento normativo, sino también a principios de transparencia, rendición de cuentas y servicio centrado en las personas. Esta perspectiva se traduce en iniciativas orientadas a mejorar la accesibilidad, optimizar los procesos judiciales y garantizar una mayor apertura institucional, en coherencia con estándares internacionales de justicia abierta.
De cara al futuro, los resultados del informe de la OCDE deben interpretarse como una base estratégica para la profundización de las reformas, en la que el fortalecimiento de la dimensión práctica del sistema de integridad constituye el principal espacio de oportunidad. La articulación entre los esfuerzos nacionales, a través de la Estrategia de Integridad, y la visión institucional del Plan Justicia del Futuro 2034 permitirá consolidar estos avances y proyectarlos de manera sostenible en el tiempo.
En definitiva, el desempeño del Poder Judicial en materia de integridad refleja un proceso de transformación en marcha, caracterizado por la consolidación de sus bases institucionales y por una orientación clara hacia estándares internacionales. Este posicionamiento no solo evidencia avances relevantes, sino que reafirma el rol del Poder Judicial como un actor clave en la construcción de una cultura de integridad pública en la República Dominicana.