El Poder Judicial de la República Dominicana se ha embarcado en un proceso de modernización de los procesos judiciales, orientados principalmente por la perspectiva de cambio que ha representado la pandemia de COVID-19 en la cotidianidad humana.
Los principales sectores de la economía nacional han optado por utilizar los medios digitales para enfrentar y mitigar el impacto del distanciamiento físico impuesto por la pandemia del COVID19. Esta es una realidad que no escapan, ni han escapado, los servicios públicos; prestación proporcionada directa o indirectamente por el Estado que tiende a garantizar una determinada necesidad esencial de la población.
El judicial tech pretende modernizar las interacciones en un sistema judicial contemporáneo, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). La implementación del judicial tech puede dividirse en dos grandes bloques: la digitalización y la automatización.
Digitalización
Representa no solo el paso del papel físico impreso al documento digital, sino también la transmisión digital de las audiencias, las conferencias o videoconferencias, la transcripción en tiempo real, la visualización simultánea de evidencias o documentos, la tramitación digital de procesos, la notificación judicial electrónica, la consulta y repositorio digital de procesos, la estampa o firma digital; entre otros.
La digitalización reduce los costos de transacción (entendido como aquellos gastos en que se incurre para realizar una operación), reduce las barreras de información, acerca al usuario al sistema de justicia (tanto las partes como sus abogados), sirve de instrumento para la mejora continua y vuelve al sistema más predecible, provocando un efecto dominó que vuelve más atractiva la idea de utilizar métodos alternos de resolución de conflictos.
Automatización
Durante la automatización los procedimientos judiciales siguen un determinado curso predefinido por Ley, hasta alcanzar en último grado la decisión del juez o los jueces que corresponde decidirlo.
Sirve como herramienta de auxilio a la labor administrativa del tribunal, y a la función ponderativa y decisoria del juez. En un nivel más avanzado, es una herramienta predictiva y prospectiva de un caso, en base a sus características, los medios aportados por cada parte; y la tendencia jurisprudencial del juez o tribunal en cuestión.
La automatización avanza hacia el uso de la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), donde de una herramienta de apoyo a la decisión del juez (decision-support) pasa a la toma de decisiones (decision-making).
La inteligencia artificial en la justicia contiene varios desafíos. En primer lugar, pudiera entenderse que suplantarían la función del juez. En segundo lugar, es difícil, por no decir imposible, imitar y a la vez explicar el razonamiento legal (y judicial) por parte de un sistema. Por otro lado, trae consigo cuestiones de ética tales como sobre quién recae la responsabilidad de la decisión tomada por un sistema informático.
Retos y Desafíos
El Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 del Poder Judicial, denominado Visión Justicia 20-24, incluye dentro de sus ejes estratégicos el de un servicio judicial oportuno y eficiente, motivado esencialmente por los comentarios levantados durante el proceso de consulta, donde un 39.33% de las opiniones se encontraban asociadas a la temática de “procedimiento judicial actualizado sobre plataformas adecuadas”. Este eje incluye como líneas de acción el logro de un servicio de justicia eficiente y confiable apoyado en las TIC’s y la adecuación del marco normativo para fortalecer el servicio.
El Poder Judicial, producto de la pandemia, tomó pasos importantes y acelerados en torno a la implementación de mejoras digitales en los procesos tanto administrativos como jurisdiccionales. Amén de la posterior anulación de las normas que le servían de sustento por parte del Tribunal Constitucional, gracias a las tecnologías de la información y comunicación se mantuvo un canal abierto para el conocimiento de aquellos procesos de carácter urgente y que no admiten demora.
La brecha digital en la República Dominicana se refleja, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la manera siguiente: una cobertura de red móvil al 100% y al menos 97% de 4G (2020), mientras que el 71% de la población cuenta con celular propio y el 75% un acceso individual al uso de internet. Mientras que, solo el 34% y 16% de los hogares en zonas urbanas y rurales, respectivamente, cuenta con acceso a internet fijo.
Por otro lado, a nivel de costos, el internet de data móvil de alto consumo, para el año 2020 representaron el 4.6% de los ingresos anuales per cápita (GNI p.c US$7,260) lo que representa un consumo anual de US$326.7, estimando un costo de 12.1% del sueldo mínimo anual y un 8.3% cuando se trata de data móvil de bajo consumo.
Desde el aspecto legal, la normativa que organiza el sistema judicial consiste en una ley del año 1927, modificada en más de 30 ocasiones. El Código de Procedimiento Civil fue promulgado en el año 1882, pero se ha distanciado de las más recientes reformas que sus países de origen han adoptado en las últimas décadas.
A futuro, el Sistema de Gestión de Casos pretende ser una plataforma integral de seguimiento y tramitación de los casos en el sistema de justicia dominicano. Tiene previsto, entre otras cosas, el registro de entrada de los expedientes con sus características, la tramitación de los expedientes entre sus distintas fases o instancias y ante los distintos actores que intervienen en la misma, el registro de las actuaciones jurisdiccionales, además de las funcionalidades de consulta interna y externa por distintos criterios de búsqueda. En síntesis, se trata de una plataforma que permitirá contar con el registro actualizado de los procesos judiciales, lo que facilita la labor de gestión de los tribunales y la vigilancia de los órganos de control, a través del uso de las tecnologías.
Con la entrada en vigor de la ley No. 339-22 sobre uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, normativa tendente a la digitalización de la justicia dominicana, son muchas más las innovaciones a implementar. El Poder Judicial tomará entonces su ruta hacia la ejecución de mejoras tecnológicas propias del Siglo XXI, y que han sido adoptadas por distintos poderes judiciales de todo el mundo.
Judicial & Legal Tech en la República Dominicana: Retos y Desafíos
