El 22 de abril, Día de la Tierra, nos invita a repensar nuestra relación con el entorno natural. En la República Dominicana, esta reflexión adquiere una urgencia especial: aunque el país alberga cerca del 30% de la biodiversidad del Caribe insular, aún enfrenta desafíos en materia de protección ambiental, ubicándose en el puesto 104 de 180 en el Índice de Desempeño Ambiental (2024)1. Sin embargo, lejos de un panorama estático, el país ha comenzado a impulsar avances institucionales y sociales que perfilan un camino hacia una justicia ambiental más efectiva.
Desde la promulgación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, el marco legal dominicano ha contado con instrumentos para sancionar delitos como la deforestación, la contaminación y la minería ilegal. Aunque su implementación ha sido desigual, en los últimos años se han registrado importantes esfuerzos por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial para fortalecer las capacidades técnicas y mejorar los tiempos de respuesta. Según la Procuraduría General, el número de investigaciones ambientales con sentencia firme ha aumentado un 12% desde 2022, lo que refleja una mayor voluntad institucional para combatir estos delitos.
Casos emblemáticos, como las sanciones por extracción ilegal de arena en el río Yaque del Norte, han sido posibles gracias a la colaboración entre fiscales ambientales, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y comunidades locales. Este tipo de trabajo interinstitucional ha demostrado que cuando se articula con eficiencia, la justicia ambiental puede ser una herramienta real de protección.
Los crímenes ecológicos, más allá del impacto en los ecosistemas, afectan directamente a las personas. En Montecristi, la salinización de acuíferos ha complicado el acceso al agua potable; en Pedernales, la pesca con explosivos ha reducido considerablemente los ingresos familiares de comunidades costeras. En Cotuí, familias cercanas a operaciones mineras reportan afectaciones en su salud, por lo que han recurrido a los tribunales en búsqueda de reparación. Aunque estos procesos pueden ser complejos, las instituciones judiciales han comenzado a incorporar peritos y evidencia científica como parte de una tendencia hacia decisiones más fundamentadas técnicamente.
Un aspecto clave en esta transformación es el fortalecimiento de la prueba pericial ambiental. Cada vez con más frecuencia, jueces y fiscales recurren a informes técnicos elaborados por universidades, ONGs especializadas y organismos públicos. Aunque todavía persisten limitaciones logísticas, el uso creciente de estas herramientas representa un avance hacia un enfoque más técnico y justo.
En el ámbito de la innovación, se están explorando iniciativas como tribunales ambientales especializados, inspirados en modelos exitosos de países como Costa Rica. También se discute la incorporación de fiscalías móviles equipadas con drones y laboratorios portátiles para recolectar evidencia en zonas remotas. Estas medidas podrían facilitar una respuesta más rápida y eficaz frente a delitos ecológicos complejos.
La ciudadanía, por su parte, ha sido un aliado clave. En Azua, una veeduría comunitaria logró detener la tala de decenas de hectáreas de bosque seco al presentar pruebas audiovisuales ante las autoridades. Campañas educativas como Guardianes del Ambiente, promovidas en escuelas rurales, han empoderado a jóvenes para identificar y denunciar daños al entorno. Este involucramiento social contribuye a una cultura de respeto al medioambiente y facilita el trabajo de las instituciones.
Si bien persisten desafíos —como la necesidad de destinar más recursos presupuestarios y capacitar personal especializado—, es justo reconocer que el sistema judicial dominicano ha comenzado a dar pasos importantes hacia una justicia ambiental más accesible, científica y sensible a las necesidades de las comunidades.
En este Día de la Tierra, es fundamental destacar que la protección del ambiente no recae exclusivamente en leyes escritas: requiere compromiso institucional, voluntad política y participación ciudadana. Cada vez que un tribunal sanciona un delito ecológico o una comunidad logra defender un río o un bosque, la justicia da un paso más hacia un modelo que protege tanto a la naturaleza como a las personas. La tierra no tiene voz propia, pero cada acción judicial en su defensa fortalece nuestro compromiso con el futuro.
- Environmental Performance Index (Yale University, 2024). ↩︎
