La transformación digital de los sistemas de justicia ha dejado de ser una aspiración técnica para convertirse en una condición del desarrollo. En un mundo donde el acceso a la justicia determina la calidad de la democracia y la viabilidad del crecimiento inclusivo, la capacidad de un Estado para digitalizar, interconectar y acercar sus instituciones judiciales a la ciudadanía es hoy tan determinante como la solidez de sus normas sustantivas. Es en ese contexto donde cobra pleno significado la decisión del Banco Mundial de colocar a la República Dominicana en la copresidencia del Grupo de Trabajo de Justicia Digital (Digital Justice Working Group, GTJD), junto al Reino de España: no se trata de un reconocimiento simbólico, sino del resultado directo de una transformación institucional sostenida, medible y verificable.
El GTJD fue lanzado por el Programa Global de Justicia y Estado de Derecho del Banco Mundial en diciembre de 2024 como una comunidad técnica de alcance mundial orientada a hacer avanzar la transformación digital de los sistemas de justicia desde la experiencia concreta y el intercambio entre pares. No es un foro declarativo ni un espacio de representación diplomática: es un laboratorio de práctica que reúne a más de 50 organizaciones de naturaleza diversa, entre ellas poderes judiciales y ministerios de justicia de países como Armenia, Brasil, Canadá, Egipto, Etiopía, Kazajistán, Kenia, Países Bajos, Filipinas, Portugal, Rumanía, Serbia y Tanzania, junto a socios académicos e institucionales de la talla de las escuelas de derecho de Berkeley, Duke y Stanford, el Consejo de Europa, la OCDE, el PNUD, la UNESCO y el World Justice Project. El Banco Mundial actúa como Secretaría Técnica y Administrativa del grupo, asegurando la continuidad de sus trabajos y la producción de herramientas analíticas aplicables a distintos contextos nacionales.
Lo que distingue al GTJD de otros espacios de cooperación judicial es precisamente su carácter operativo. En lugar de celebrar paneles puntuales, el grupo sostiene un compromiso continuo a través de reuniones periódicas donde los participantes comparten iniciativas en curso, pilotos, dificultades y soluciones. Los temas de su agenda reflejan las prioridades más urgentes del momento: el uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales, las herramientas digitales para ampliar el acceso a la justicia, y los desafíos de implementar sistemas modernos de gestión de casos en contextos institucionales diversos.
La participación de la República Dominicana en la conducción del GTJD es el resultado de la transformación digital impulsada por el Poder Judicial entre 2019 y 2025. Durante este período se desarrollaron importantes iniciativas que consolidaron la modernización institucional, entre las que destacan:
• Implementación del Sistema de Gestión de Casos en todas las jurisdicciones judiciales.
• Más de 3 millones de documentos procesados mediante firma digital electrónica desde 2020.
• Incorporación de audiencias virtuales conforme a la Ley núm. 339-22.
• Puesta en funcionamiento de un sistema de transcripción automática en 31 tribunales, reduciendo la elaboración de actas de cinco días a uno.
• Desarrollo de proyectos piloto que incorporan inteligencia artificial e interoperabilidad para agilizar decisiones judiciales.
• Consolidación del portal Justicia.gob.do como plataforma integral de servicios judiciales digitales.
La copresidencia del GTJD fortalece el liderazgo internacional del Poder Judicial dominicano y valida el proceso de transformación emprendido durante los últimos años. La experiencia acumulada permite a la República Dominicana aportar soluciones y buenas prácticas al debate internacional, al tiempo que continúa aprendiendo de los sistemas judiciales más innovadores del mundo. Esta participación se sustenta en una visión de largo plazo definida en el Plan Estratégico Decenal Justicia del Futuro 2034, que orienta la consolidación de una justicia plenamente digital, interoperable y centrada en las personas.
La participación en este espacio internacional representa una oportunidad para acelerar la modernización de la justicia dominicana. El intercambio permanente con otros países facilita el acceso a conocimiento especializado, experiencias exitosas y herramientas innovadoras que pueden fortalecer las reformas nacionales, al tiempo que posiciona al país como un actor capaz de contribuir a la construcción de estándares internacionales sobre justicia digital. En última instancia, este esfuerzo tiene un objetivo claro: utilizar la tecnología para ofrecer una justicia más accesible, ágil y efectiva para todas las personas.