En 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que subraya la importancia de garantizar que toda persona pueda conocer, comprender y fiscalizar la gestión pública. En el caso del Poder Judicial de la República Dominicana, este principio es más que un derecho: es la base de la legitimidad democrática y un pilar para fortalecer la confianza ciudadana.
Durante los últimos años, el Poder Judicial ha dado pasos decisivos hacia una justicia más abierta. La implementación del Portal de Datos Abiertos Judiciales, la puesta en marcha de la Plataforma de Acceso Digital, la creación de la Juriteca como biblioteca jurídica virtual y la publicación de sentencias en lenguaje claro son avances que han permitido a miles de personas acceder a información confiable, en formatos comprensibles y reutilizables. Estas iniciativas se complementan con el Observatorio del Poder Judicial, que actualiza diariamente estadísticas administrativas y jurisdiccionales, y funciona como un foro de diálogo con sociedad civil, academia y sector privado.
La adopción de una Política de Datos Abiertos y de una Política de Participación Social consolida este esfuerzo. Con ellas se busca que la información institucional no solo esté disponible, sino que sea útil, accesible, reutilizable, interoperable y genere confianza. De hecho, gracias a la publicación proactiva en formatos reutilizables (CSV, JSON, ODS), hoy están disponibles datos sobre presupuesto, nómina, procesos de compras y estadísticas judiciales, facilitando el control social y la investigación académica.
No obstante, persisten desafíos. La confianza social en la justicia, aunque en aumento, sigue siendo limitada; cerca del 60 % de la población aún manifiesta desconfianza en el sistema. Además, si bien la comunicación institucional se ha ampliado, todavía falta evaluar el impacto real en la comprensión ciudadana. También es urgente avanzar hacia una Política de Justicia Abierta y un Plan de Justicia Abierta 2025-2034, actualmente en formulación, que integren metas verificables y un esquema de gobernanza sostenible.
En 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que subraya la importancia de garantizar que toda persona pueda conocer, comprender y fiscalizar la gestión pública. En el caso del Poder Judicial de la República Dominicana, este principio es más que un derecho: es la base de la legitimidad democrática y un pilar para fortalecer la confianza ciudadana.
Durante los últimos años, el Poder Judicial ha dado pasos decisivos hacia una justicia más abierta. La implementación del Portal de Datos Abiertos Judiciales, la puesta en marcha de la Plataforma de Acceso Digital, la creación de la Juriteca como biblioteca jurídica virtual y la publicación de sentencias en lenguaje claro son avances que han permitido a miles de personas acceder a información confiable, en formatos comprensibles y reutilizables. Estas iniciativas se complementan con el Observatorio del Poder Judicial, que actualiza diariamente estadísticas administrativas y jurisdiccionales, y funciona como un foro de diálogo con sociedad civil, academia y sector privado.
La adopción de una Política de Datos Abiertos y de una Política de Participación Social consolida este esfuerzo. Con ellas se busca que la información institucional no solo esté disponible, sino que sea útil, accesible, reutilizable, interoperable y genere confianza. De hecho, gracias a la publicación proactiva en formatos reutilizables (CSV, JSON, ODS), hoy están disponibles datos sobre presupuesto, nómina, procesos de compras y estadísticas judiciales, facilitando el control social y la investigación académica.
No obstante, persisten desafíos. La confianza social en la justicia, aunque en aumento, sigue siendo limitada; cerca del 60 % de la población aún manifiesta desconfianza en el sistema. Además, si bien la comunicación institucional se ha ampliado, todavía falta evaluar el impacto real en la comprensión ciudadana. También es urgente avanzar hacia una Política de Justicia Abierta y un Plan de Justicia Abierta 2025-2034, actualmente en formulación, que integren metas verificables y un esquema de gobernanza sostenible.
La oportunidad está clara: aprovechar los logros ya alcanzados para consolidar un ecosistema de información judicial abierto, inclusivo y accesible. Esto implica fortalecer la interoperabilidad, ampliar la cobertura territorial de los servicios digitales, garantizar accesibilidad universal con enfoque de género e interseccionalidad, y mantener la innovación tecnológica con salvaguardas éticas.
En este Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el Poder Judicial reafirma que el acceso a la información no es solo un derecho fundamental, sino también una condición para que la justicia sea verdaderamente cercana, eficiente y confiable. Los avances alcanzados son significativos; los desafíos, complejos; y las oportunidades, invaluables. La meta es clara: consolidar una justicia que rinde cuentas, escucha y se construye de la mano de la ciudadanía.