El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye una oportunidad para reflexionar sobre las desigualdades estructurales que perpetúan la exclusión y limitan el desarrollo humano. En la República Dominicana, la pobreza sigue siendo uno de los principales factores que condiciona el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia, un componente esencial del Estado social y democrático de derecho.
Aunque en los últimos años el país ha mostrado avances en indicadores macroeconómicos, la pobreza multidimensional aún afecta a una parte considerable de la población. Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), cerca del 23 % de los dominicanos vive en situación de pobreza y alrededor del 4 % en pobreza extrema. Estas cifras, más allá del ingreso monetario, reflejan privaciones vinculadas al acceso a educación, salud, vivienda digna y, especialmente, a mecanismos efectivos de protección de derechos.
Las condiciones de pobreza se traducen en barreras estructurales al acceso a la justicia. Para los sectores más vulnerables, los costos de representación legal, la falta de información sobre procedimientos judiciales y la distancia geográfica de los tribunales representan obstáculos concretos que perpetúan su exclusión del sistema judicial. Además, la baja alfabetización jurídica y la limitada confianza institucional refuerzan la percepción de que la justicia es un privilegio reservado a quienes tienen recursos.
El acceso a la justicia no debe concebirse únicamente como la posibilidad de acudir a los tribunales, sino como el derecho a obtener una respuesta oportuna, imparcial y efectiva del Estado. Desde esta perspectiva, la justicia se convierte en una herramienta de equidad y cohesión social. En la República Dominicana, iniciativas como las Casas Comunitarias de Justicia, los Centros de Atención a Víctimas de Violencia y los programas de defensoría pública han representado avances significativos hacia la inclusión judicial. Estas instancias ofrecen acompañamiento gratuito a personas en condición de vulnerabilidad, reduciendo las asimetrías entre los sectores con y sin poder económico.
Sin embargo, la cobertura de estos programas continúa siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. En zonas rurales y periféricas, las comunidades carecen de servicios de orientación jurídica y mediación, lo que genera una “geografía desigual del acceso a la justicia”. De igual modo, los procesos judiciales prolongados y la falta de digitalización completa del sistema impactan de forma desproporcionada a quienes no pueden asumir los costos del tiempo ni del traslado.
La brecha entre la justicia formal y la justicia real se amplía cuando las instituciones carecen de recursos adecuados para atender a la población vulnerable. A pesar de los esfuerzos del Poder Judicial por promover un sistema más accesible y transparente a través de la transformación digital, los tribunales al día y la política de datos abiertos, persisten desafíos relacionados con la eficiencia, la sensibilidad social y la simplificación de procedimientos.
El género y la condición socioeconómica se entrecruzan para generar mayores desventajas. Las mujeres, en particular, enfrentan obstáculos adicionales al buscar protección frente a la violencia o reclamar derechos laborales y patrimoniales. Asimismo, las personas privadas de libertad, los migrantes y los habitantes de comunidades rurales se encuentran entre los grupos más excluidos del sistema judicial formal. La falta de intérpretes, la escasez de abogados de oficio y la limitada capacidad de las defensorías agravan la inequidad procesal.
Erradicar la pobreza exige más que políticas económicas: implica construir instituciones justas, accesibles y sensibles a la realidad social. En este sentido, fortalecer la justicia es una forma directa de combatir la pobreza. La expansión de los servicios de asistencia legal gratuita, la implementación de mecanismos alternos de resolución de conflictos, y el impulso de una cultura de derechos en comunidades vulnerables son pilares indispensables para garantizar la igualdad ante la ley.
Además, la articulación interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía y las organizaciones comunitarias puede generar ecosistemas de acceso a la justicia más integrales. La incorporación de la tecnología por ejemplo, mediante plataformas digitales de denuncias, orientación y seguimiento de casos contribuye a reducir la distancia entre el ciudadano y la justicia, siempre que se acompañe de políticas de alfabetización digital.
La erradicación de la pobreza y la garantía del acceso a la justicia son objetivos inseparables. Un país donde las personas pobres no pueden defender sus derechos es un país donde la pobreza se reproduce. La República Dominicana ha avanzado en la consolidación de un modelo judicial más eficiente y transparente, pero la verdadera justicia social se alcanzará cuando cada ciudadano, sin importar su condición económica, pueda acceder en igualdad de condiciones a la protección de sus derechos. El 17 de octubre nos recuerda que la lucha contra la pobreza no solo se libra en los indicadores económicos, sino también en los tribunales, en las comunidades y en la conciencia colectiva de un Estado comprometido con la dignidad humana.