El Día de las Naciones Unidas, celebrado cada 24 de octubre, conmemora la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, símbolo del compromiso global con la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En este marco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una hoja de ruta universal hacia un mundo más justo e inclusivo. En la República Dominicana, el Poder Judicial desempeña un papel esencial en la consecución de estos objetivos, especialmente en lo relativo al ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, que promueve el acceso universal a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que no puede haber desarrollo sin justicia. Las instituciones judiciales son garantes del Estado de derecho y pilares fundamentales para construir sociedades pacíficas, transparentes y responsables. En la República Dominicana, el Poder Judicial ha asumido este compromiso mediante la implementación de políticas orientadas a la eficiencia, la transparencia y el acceso equitativo a la justicia.
Bajo los ejes estratégicos “0% Mora, 100% Acceso y 100% Transparencia”, el sistema judicial ha articulado su gestión institucional con los principios de la Agenda 2030. Estos ejes se traducen en una visión de justicia moderna, cercana y confiable, alineada con los valores de la ONU y con los estándares internacionales de gobernanza judicial.
En los últimos años, el Poder Judicial dominicano ha alcanzado avances significativos en materia de justicia accesible y eficiente. El Plan Operativo Institucional 2025 refleja el compromiso con la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. A mediados de 2025, el 80% de los tribunales a nivel nacional se encontraban al día, lo que evidencia un progreso sustantivo en la eliminación de los retrasos procesales. Este logro impacta directamente en la efectividad del ODS 16, al garantizar respuestas oportunas y confiables a la ciudadanía.
Otro hito relevante ha sido la implementación de la Política de Datos Abiertos del Poder Judicial, una iniciativa que promueve la transparencia activa, el control social y la innovación pública. Al abrir datos sobre desempeño judicial, decisiones, audiencias y procesos administrativos, el Poder Judicial se alinea con los principios de la ONU sobre gobierno abierto y rendición de cuentas, facilitando que investigadores, organizaciones y ciudadanos participen en la construcción de una justicia más transparente.
Asimismo, el fortalecimiento del Observatorio del Poder Judicial y la ampliación de los mecanismos digitales de acceso a la información —como los portales de servicios judiciales, audiencias virtuales y expedientes electrónicos— han contribuido a democratizar la justicia. Estas acciones permiten reducir brechas geográficas y sociales, garantizando que más personas puedan ejercer sus derechos sin limitaciones de tiempo, distancia o recursos.
El impacto del Poder Judicial trasciende el ODS 16 y se relaciona con otros objetivos de la Agenda 2030. Las iniciativas para combatir la violencia de género y doméstica, por ejemplo, se articulan con el ODS 5 (Igualdad de género). La creación y fortalecimiento de los Tribunales Especializados en Violencia contra la Mujer, así como los Centros de Atención Integral a Víctimas, refuerzan la protección de los derechos humanos y la erradicación de prácticas discriminatorias.
De igual modo, las políticas de transformación digital y capacitación continua de los servidores judiciales se vinculan con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 4 (Educación de calidad), impulsando un sistema judicial más ágil, preparado y resiliente. En este contexto, la Escuela Nacional de la Judicatura ha desempeñado un rol clave al promover una formación con enfoque ético, tecnológico y de derechos humanos, alineada con los valores de la Agenda 2030.
A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales que limitan el pleno cumplimiento de los ODS. Entre ellos destacan la persistencia de brechas de acceso en comunidades rurales y vulnerables, los tiempos procesales prolongados en ciertas materias, y la necesidad de fortalecer la independencia presupuestaria del Poder Judicial para garantizar una gestión sostenible.
Asimismo, la digitalización, aunque ha generado notables mejoras, requiere una expansión equitativa para evitar nuevas desigualdades entre quienes tienen o no acceso a herramientas tecnológicas. Por otra parte, la consolidación de una cultura de transparencia judicial implica profundizar en la rendición de cuentas interna, la evaluación del desempeño institucional y la participación activa de la ciudadanía en la mejora continua del sistema.
El Día de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la interdependencia entre justicia, desarrollo y paz. En la República Dominicana, el Poder Judicial se ha consolidado como un actor estratégico en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, demostrando que el fortalecimiento institucional es una condición indispensable para el progreso social.
A través de la reducción de la mora, la apertura de datos, la promoción de la equidad y la digitalización de los servicios, el sistema judicial dominicano avanza hacia un modelo más moderno y confiable. No obstante, los desafíos pendientes recuerdan que alcanzar la justicia sostenible exige un esfuerzo constante de innovación, cooperación y compromiso con los valores universales que inspiraron la creación de las Naciones Unidas hace más de siete décadas: la dignidad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos para todos.