La justicia contemporánea se encuentra en una transición histórica impulsada por la tecnología y la evidencia cuantitativa. La ciencia de datos dejó de ser un dominio exclusivo del sector privado o la investigación académica, para convertirse en una herramienta necesaria en la administración de justicia. Los poderes judiciales que aspiren a ser más transparentes, eficientes y confiables no pueden operar al margen de los datos, porque cada decisión, trámite o audiencia genera información valiosa, y cuando esa información se organiza, analiza y publica de forma estratégica, fortalece el derecho a la verdad pública y democratiza el acceso al conocimiento judicial.
La ciencia de datos, aplicada a la justicia, permite medir comportamientos del sistema, identificar patrones y anticipar problemas de política judicial. La mora procesal judicial, la congestión de expedientes, las tasas de solución por jurisdicción, los tiempos de resolución por tipo de proceso o la frecuencia de reenvíos de audiencias, son fenómenos que pueden describirse, diagnosticarse y proyectarse mediante modelos basados en datos. Sin esta lectura sistémica, el Poder Judicial corre el riesgo de administrar a ciegas: sin indicadores, las soluciones son reactivas, los diagnósticos, subjetivos, y la rendición de cuentas, incompleta. Con datos, la justicia puede ser escrutable, comparable y verificable, no solo para jueces y juezas, sino para la academia, la sociedad civil, los medios y la administración pública.
Uno de los puentes más poderosos entre datos y justicia es la publicación de evidencia en formatos abiertos y reutilizables. Cuando un Poder Judicial adopta políticas de datos abiertos, como la iniciativa que lidera la OCDE y los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, habilita un ecosistema donde la información judicial no solo se accede, sino que se reutiliza. Eso permite construir visualizaciones, análisis independientes, modelos predictivos de duración de procesos o auditorías de datos judiciales que fortalecen la transparencia por diseño. Abrir los datos no es solo publicarlos, es permitir que otros actores los interpreten, los cuestionen y aporten mejoras basadas en evidencia.
La tecnología también amplifica la trazabilidad del proceso judicial. Herramientas como paneles de control en tiempo real, algoritmos de detección de mora, modelos de aprendizaje automático para clasificar sentencias, o sistemas de alertas sobre decisiones no ejecutadas, aumentan la vigilancia institucional interna y externa. Asimismo, el uso de la analítica avanzada permite detectar sesgos judiciales sistémicos, anomalías estadísticas en asignación de casos, desigualdades de desempeño entre tribunales, o patrones preocupantes de impunidad o desprotección en jurisdicciones sensibles. La ciencia de datos no reemplaza al juez, pero sí lo contextualiza: lo ubica en el mapa del sistema y reduce el espacio de discrecionalidad no escrutable, no para limitar la independencia judicial, sino para fortalecer su legitimidad.
La eficiencia judicial también se ve impactada positivamente por los datos cuando se emplean para mejorar procesos. Si mediante ciencia de datos se detectan picos de congestión temporal, el sistema puede reorganizar agendas, redistribuir flujos de trabajo y fortalecer equipos en momentos críticos. Si se identifica que ciertos tipos de procesos presentan reenvíos reiterados, pueden diseñarse políticas de reducción de demora o ajustes reglamentarios específicos. Si se detecta que la ejecución de decisiones de medidas de protección no se cumple con rapidez, se puede activar un seguimiento interinstitucional más estricto. Es decir, los datos ayudan a pasar de la intuición administrativa a la gestión basada en evidencia.
Uno de los retos más sensibles es la conversión de jurisprudencia masiva en conocimiento accesible. Los repositorios judiciales contienen millones de decisiones, lo que genera el desafío humano imposible de revisar manualmente. Aquí, la ciencia de datos habilita motores de búsqueda inteligentes, sistemas de minería de texto, redes neuronales para resumir sentencias complejas, análisis de tópicos judiciales dominantes, y etiquetado automático de decisiones por materia, derechos vulnerados, tribunal emisor o línea doctrinal. Cuando esa jurisprudencia se torna navegable mediante tecnología, se reduce su opacidad técnica, aumenta el acceso ciudadano, no solo legalista, y se democratiza la jurisprudencia como fuente de derecho vivo.
La transparencia judicial basada en datos no solo combate la impunidad o la mora, también fortalece la confianza pública. Cuando la justicia es medible, comparable y publicable mediante tecnología, se rompe el mito de la caja negra judicial. La sentencia que antes era única, aislada y difícilmente encontrable, se vuelve parte de un tejido sistémico que permite explicar tendencias, acciones, avances y rezagos. La transparencia no se improvisa, se diseña. Y para construirla, el Poder Judicial necesita no solo operadores formados en derecho, sino capacidades técnicas y herramientas que permitan procesar, visualizar y publicar información judicial con la misma claridad con que se publican resultados electorales o indicadores económicos.
La justicia digital no es un eslogan del futuro, es un deber del presente constitucional. Cuando los datos jurídicos se convierten en política judicial accesible, se fortalece el principio democrático. Sin transparencia no hay escrutinio real, y sin escrutinio no hay confianza ciudadana plena. Por esto, la ciencia de datos no es complemento, es puente, catalizador y lenguaje renovado de la rendición de cuentas judicial. Así, la justicia no solo se imparte: se muestra, se explica y se garantiza con evidencia abierta. Porque la justicia se legitima no solo cuando decide bien, sino cuando demuestra que decide, cuánto decide, cómo decide y cuándo decide. Luego, los datos y la tecnología no modernizan la justicia, la democratizan. Y una justicia democratizada es, por definición constitucional, una justicia más transparente, más eficiente y más justa para todas las personas.