Los derechos humanos constituyen el eje transversal que sostiene la legitimidad democrática y la convivencia social. En la República Dominicana, su tutela jurisdiccional ha evolucionado en los últimos años mediante reformas normativas, sentencias de alto impacto, fortalecimiento institucional y mejoras en el acceso a la justicia. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, es imprescindible reflexionar sobre el balance anual del sistema de justicia, particularmente desde los avances, retos persistentes y oportunidades de consolidación que enfrenta el Poder Judicial dominicano en su tarea de proteger la dignidad humana.
Uno de los logros más significativos ha sido el fortalecimiento de la justicia constitucional. A través del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, se han emitido decisiones que han reafirmado la supremacía constitucional y la garantía de los derechos fundamentales ante el Estado y actores privados. Destacan sentencias que han impactado materia de igualdad, debido proceso, derechos sociales, libertad personal, derecho a la identidad, protección de grupos vulnerables y límites al poder público, consolidando criterios que sirven de guía vinculante para la judicatura y la administración pública.
Desde la jurisdicción ordinaria, la Suprema Corte de Justicia ha impulsado lineamientos de modernización judicial, formación de jueces y digitalización de procesos con impacto directo en derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la privacidad y la celeridad procesal. En 2025, el Consejo del Poder Judicial presentó la Consulta Pública de la Política de Datos Abiertos, que si bien se orienta a la transparencia, tiene un efecto jurídico institucional en derechos humanos al facilitar el escrutinio social, el acceso a información pública y la protección indirecta contra desviaciones de poder. Esta política ha sido parte del esfuerzo coordinado de apertura institucional, en línea con estándares de justicia abierta en la región.
Otro hito importante se encuentra en la transformación digital de los servicios judiciales. La promulgación de la Ley 2‑23 sobre Recurso de Casación impactó el derecho al debido proceso al aclarar requisitos recursivos, fortalecer la motivación judicial y estructurar el control casacional para evitar formalismos excesivos que impidan el examen real de violaciones a derechos. De manera paralela, la implementación de plataformas como el sistema de gestión de expedientes digitales, los accesos judiciales mediante Microsoft Teams en audiencias virtuales, la firma digital en múltiples actos procesales del Poder Judicial y el uso de notificaciones electrónicas han contribuido a un mayor alcance geográfico, reducción de traslados físicos, mitigación de barreras económicas y, con ello, democratización del acceso a servicios de justicia.
En materia penal, el Poder Judicial ha reforzado su enfoque en la víctima y el respeto a garantías esenciales. La aplicación del principio de justicia centrada en las personas, aunque no codificado como una ley puntual, se refleja en sentencias que priorizan la protección de menores, mujeres en condición de violencia, personas privadas de libertad y comunidades en desventaja estructural. Cambios como tribunales móviles, mejoras en casas de justicia comunitarias y expansión de defensores públicos han sido parte del trabajo articulado con instituciones hermanas que integran el ecosistema de tutela de derechos, como el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría Pública, con quienes se ha avanzado en mayor coordinación interinstitucional.
Sin embargo, el balance de protección de derechos no es completo sin reconocer desafíos persistentes. La mora judicial sigue siendo un obstáculo que impacta directamente la tutela judicial efectiva. Aunque se han registrado avances en reducción de atrasos mediante el Plan de Puesta al Día, el sistema aún enfrenta expedientes de larga duración en rutas procesales, especialmente en materia civil, laboral e inmobiliaria. La demora estructural afecta la confianza en la justicia, genera revictimización, amplifica desigualdades y repercute en derechos humanos que dependen de sentencias oportunas, como el derecho a la familia, propiedad, alimentos, reparación civil de daños o libertad personal cuando hay litigios conexos.
Otro reto radica en la calidad, estandarización y disponibilidad de datos judiciales. Si bien hay esfuerzos de apertura, aún predomina la dispersión e inaccesibilidad en algunos registros, lo que dificulta la medición de impacto en derechos humanos, la trazabilidad de políticas públicas judiciales y el diseño de respuestas basadas en evidencia. La mejora en gobernanza de datos no es solo un desafío administrativo: es una condición habilitante para garantizar el derecho al acceso a información, el principio de transparencia judicial y la no discriminación sistemática en la prestación del servicio de justicia.
Asimismo, subsisten brechas en el acceso real a la justicia para personas en zonas rurales o en pobreza multidimensional. A pesar del despliegue digital, la conectividad desigual limita que herramientas como las audiencias virtuales garanticen igualdad procesal en todos los territorios. La alfabetización digital, la disponibilidad de equipos o el acceso a internet se convierten en la nueva barrera de derechos, sustituyendo viejas limitaciones por desafíos contemporáneos que exigen una política pública judicial más inclusiva.
Un desafío crítico también es la formación continua de la judicatura en enfoque de derechos humanos. Aunque existen avances en capacitaciones, es necesario robustecer un modelo de educación judicial que convierta estándares internacionales en práctica cotidiana: control de convencionalidad, proporcionalidad constitucional, protección reforzada de grupos vulnerables, igualdad material y enfoque de género deben ser no solo lenguaje de sentencias emblemáticas, sino ADN de cada decisión judicial.
Mirando hacia el futuro, las oportunidades para consolidar los logros incluyen fortalecer la interoperabilidad institucional, ampliar la justicia digital con enfoque inclusivo, escalar la política de datos abiertos con gobernanza de privacidad, reforzar sentencias motivadas como derecho humano en sí mismo y profundizar el modelo de justicia centrado en las personas. La protección de los derechos humanos desde el Poder Judicial no es un destino, sino un proceso permanente que requiere inversión, formación, innovación y escucha social activa.
El Día Internacional de los Derechos Humanos sirve para recordar que la justicia no es solo resolución de conflictos, sino garantía efectiva de la dignidad humana. Los avances dominicanos muestran un Poder Judicial en evolución, más cercano a la gente, más abierto y más consciente de su rol como custodio de libertades, pero los desafíos recuerdan que aún falta trabajo para lograr una justicia plenamente accesible, oportuna e igualitaria. La meta no es solo resolver más expedientes, sino impactar vidas, restaurar derechos y fortalecer la confianza social en la justicia como piedra angular de la democracia dominicana.