Acceso a la Justicia de las mujeres.

marzo 12, 2024
10:43 am

En la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia desempeña un papel fundamental. Sin embargo, para muchas mujeres, buscar justicia puede resultar un desafío abrumador, especialmente cuando se enfrentan a obstáculos económicos que les impiden acceder a servicios legales adecuados. En este contexto, abogar por la provisión de defensa gratuita para las víctimas se vuelve crucial para garantizar que todas las mujeres tengan igualdad de acceso a la justicia.

En la República Dominicana, como en muchos otros países, las mujeres enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia. La falta de recursos económicos puede ser una de las principales limitaciones que enfrentan las víctimas de violencia de género al buscar asistencia legal. Muchas mujeres no pueden costear los honorarios de abogados privados o los gastos asociados con la representación legal en procedimientos judiciales, lo que las deja en una posición vulnerable y sin la protección que necesitan.

Aunque la República Dominicana ha suscrito y ratificado desde 1979 un conjunto de normativas que buscan proteger los derechos humanos de las mujeres y comprometen aún más al Estado en la lucha contra este flagelo, hasta la fecha no existe una normativa que reconozca jurídicamente los feminicidios. Sin embargo, desde 2012 existen varios proyectos de ley con la intención de reconocerlos penalmente. Estas iniciativas permanecen en las instancias legislativas sin muchas probabilidades de ser aprobadas en el corto o mediano plazo, lo que implica que, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Código Penal, los casos de feminicidio en el país se clasifican como homicidio, homicidio agravado o asesinato dependiendo de sus características.

Por ello, es importante destacar que la defensa gratuita para las víctimas no solo beneficia a las mujeres individualmente, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. Al garantizar que las mujeres y demás personas en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia y obtener protección contra la violencia, se promueve la igualdad de género y se envía un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres no será tolerada ni pasada por alto.

La Constitución de la República Dominicana es clara en su afirmación del principio de igualdad ante la ley en su artículo 39. En su artículo 42, se condena enérgicamente la violencia intrafamiliar y de género, reconociendo la necesidad de adoptar medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. Asimismo, el artículo 69 garantiza el derecho de todas las personas a una justicia accesible, oportuna y gratuita, incluidas las mujeres que han sido víctimas de violencia¹ .

Además de las disposiciones constitucionales, existe un proyecto de Ley destinado a proteger los derechos de las mujeres y garantizar su acceso a la justicia. El anteproyecto de Ley que facilita el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, tiene como objetivo modificar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia. Esta ley es fundamental para garantizar que las mujeres puedan acceder a los recursos legales necesarios para buscar justicia y protección.

Este anteproyecto introduce aspectos importantes como la obligación de participar en programas especializados en violencia intrafamiliar y hacia la mujer para aquellas personas implicadas en casos de violencia.², que busca modificar conductas y comportamientos sin recurrir a la violencia, permitiendo a los jueces imponer órdenes de protección a favor de las víctimas.

Igualmente adiciona un numeral al artículo 75 del CPP³, estableciendo la competencia del tribunal para conocer de los casos de violencia contra la mujer e intrafamiliar, así como las solicitudes de medidas de coerción y órdenes de protección presentadas por la víctima. Esta disposición amplía el alcance del CPP para abordar de manera específica los casos de violencia de género entre otras novedades.

Es importante adoptar una Política de Igualdad de Género que reconozca las diferencias entre mujeres y hombres y las considere en todas las acciones gubernamentales. Esta política es esencial para abordar las desigualdades arraigadas que afectan a las mujeres y para garantizar que todas las personas, independientemente de su género, reciban un trato justo y equitativo ante la ley en especial aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

A pesar de estas leyes y disposiciones, el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo un desafío en la República Dominicana. La implementación y la aplicación efectiva de estas leyes pueden variar, y muchas mujeres aún enfrentan obstáculos para buscar justicia debido a factores como la falta de recursos, la discriminación y la falta de conciencia sobre sus derechos.

Es importante que los actores del sistema de justicia y la sociedad civil trabajen juntos para abogar por la defensa gratuita para las víctimas de violencia, en específico las mujeres. Se deben tomar medidas para garantizar de forma integral, que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos legales y vivan libres de violencia y discriminación. Solo a través de un compromiso continuo con la igualdad de género y la justicia social podemos construir un mundo más justo, seguro y digno tanto para los hombres como para las mujeres.