En el marco del Día del Trabajo 2025, resulta oportuno reflexionar sobre la situación real de los trabajadores en la República Dominicana, no sólo desde una perspectiva conmemorativa, sino también analítica. El derecho del trabajo representa una pieza clave en la construcción de sociedades más justas, ya que regula la relación asimétrica entre empleadores y trabajadores, garantizando condiciones dignas, protección frente a despidos injustificados y acceso a las prestaciones laborales establecidas por ley. En la República Dominicana, el Poder Judicial desempeña un rol central en este proceso, al fungir como instancia de resolución y garantía última de los derechos laborales.
Según los datos reflejados en el Sistema de Gestión de Casos, se conocieron un total de 7,948 casos laborales en el período 2022-2025. Dentro de este universo, se identificaron como más frecuentes las reclamaciones por prestaciones laborales, que ascendieron a 3,215 expedientes, seguidas muy de cerca por los casos de despido, que totalizaron 2,847. Estos dos tipos de conflictos, en conjunto, representan más del 70 % del total, lo que demuestra la alta recurrencia de situaciones donde se alega la terminación unilateral del contrato de trabajo sin el pago correspondiente de derechos adquiridos, tales como la cesantía, las vacaciones, el preaviso y la bonificación.
Otros conflictos, aunque en menor medida, también forman parte de esta estadística judicial. Por ejemplo, se registraron 496 casos de suspensión del contrato, 421 relacionados con diferencias salariales, 183 vinculados a accidentes de trabajo y 157 demandas de reposición. Finalmente, el grupo clasificado como “otras causas” acumuló 629 expedientes. Esta composición muestra una radiografía del sistema laboral dominicano, donde los reclamos económicos prevalecen sobre otros derechos de carácter no pecuniario o de estabilidad.
El hecho de que las demandas por prestaciones y despido sean las más comunes sugiere que persiste un patrón estructural de incumplimientos por parte de los empleadores. La judicialización de estos conflictos evidencia la dificultad que enfrentan muchos trabajadores para obtener una respuesta satisfactoria fuera del ámbito judicial. En este contexto, la justicia laboral actúa no sólo como un árbitro de los hechos, sino como un espacio de reivindicación, en ocasiones la única vía para hacer valer derechos fundamentales.
Llama la atención la baja proporción de casos vinculados a accidentes laborales o solicitudes de reposición en el puesto de trabajo. Este fenómeno puede explicarse por diversos factores, entre ellos el temor a represalias, la falta de información sobre los canales disponibles, el subregistro de estos incidentes, o simplemente la percepción de que estos procesos son lentos y de escasa efectividad. Así, una parte importante de los conflictos laborales puede permanecer invisibilizada, al no llegar nunca a la etapa procesal.
En vista de esta situación, el rol del Poder Judicial trasciende la mera resolución de litigios. Su papel debe entenderse también como un garante institucional de justicia social. Sin embargo, la alta carga procesal y la lentitud en la tramitación de causas laborales representan desafíos estructurales que exigen reformas. Es urgente fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, impulsar la conciliación previa obligatoria, mejorar la digitalización de los procesos y coordinar con mayor eficiencia con instituciones como el Ministerio de Trabajo, a fin de prevenir que estas situaciones lleguen a los tribunales.
En conclusión, los datos disponibles confirman que el sistema judicial laboral es una pieza indispensable en la defensa de los derechos de los trabajadores dominicanos. No obstante, también evidencian que su efectividad depende no solo de su capacidad resolutiva, sino también de su rapidez, accesibilidad y sensibilidad social. Una justicia laboral moderna, eficiente y comprometida con la equidad puede convertirse en uno de los pilares más sólidos para avanzar hacia una economía más humana y un Estado más justo.