En el marco de la I Conferencia Internacional de Justicia Abierta, celebrada en Santo Domingo los días 27 y 28 de agosto de 2025, se firmó la Declaración de Santo Domingo sobre Justicia Abierta. Este documento representa un hito regional en la promoción de sistemas judiciales más abiertos, transparentes y participativos, y fue suscrito por representantes de poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos internacionales. La Declaración parte del reconocimiento de que la independencia judicial es esencial para el fortalecimiento democrático, pero que esta debe ir acompañada de mecanismos de apertura que legitimen el accionar de las instituciones judiciales y fortalezcan la confianza ciudadana. Se reconoce también el papel fundamental de la sociedad civil en el acompañamiento técnico e institucional de las reformas judiciales, así como la necesidad de construir redes colaborativas que impulsen el fortalecimiento de los sistemas de justicia en la región.
El texto expresa una profunda convicción sobre la centralidad del acceso a la justicia como derecho humano y como pilar del Estado democrático de derecho, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 16.3. Asimismo, se advierte sobre la importancia de involucrar a todos los niveles de la administración de justicia y a todos los actores institucionales que la integran. En este contexto, la Declaración establece una serie de principios rectores que orientan las reformas de justicia abierta, entre ellos la participación ciudadana sustantiva en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas judiciales; la transparencia activa mediante la publicación de información en formatos abiertos; la rendición de cuentas participativa con mecanismos de retroalimentación y lenguaje claro; y la innovación institucional y tecnológica centrada en las personas, con salvaguardas éticas y de derechos humanos.
Los compromisos asumidos por los firmantes son ambiciosos y concretos. Se comprometen a impulsar políticas, estrategias y programas de justicia abierta a nivel nacional, subnacional y comunitario, con metas, indicadores y presupuestos definidos, elaborados de forma participativa. También se prioriza la adopción de marcos normativos y políticas públicas que respalden estas reformas, así como la movilización de recursos humanos, financieros y técnicos, tanto internos como provenientes de la cooperación internacional. Se destaca el aprovechamiento del conocimiento y capacidades de la sociedad civil y la academia para la co-creación de iniciativas, así como la necesidad de medir y difundir el progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables y evaluaciones independientes. La generación y sistematización de conocimiento técnico basado en evidencia es otro de los compromisos clave, junto con el fomento de la cooperación regional, el intercambio de experiencias y la definición de estándares y buenas prácticas.
La Declaración también hace un llamado a fortalecer la participación de las instituciones judiciales y de la sociedad civil en los espacios de co-creación de justicia abierta en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, promoviendo procesos inclusivos y verificables. Se alienta la incorporación de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad, con enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de grupos históricamente marginados como mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes y migrantes.
Finalmente, la Declaración establece la creación de un Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA), integrado de manera paritaria por poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el respaldo de la Red Internacional de Justicia Abierta. Este comité tendrá la responsabilidad de coordinar la implementación de la Declaración, publicar informes anuales, convocar diálogos regionales y facilitar asistencia técnica. Su conformación será transparente, con criterios de alternabilidad, inclusión y participación equitativa. Con esta Declaración, América Latina y el Caribe reafirman su compromiso con una justicia abierta, independiente, eficaz e inclusiva, como condición esencial para el fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sostenible de la región.