Cada 15 de mayo, al conmemorarse el Día Internacional de las Familias, se abre un espacio para reflexionar sobre las transformaciones y dificultades que enfrenta esta institución fundamental. En la República Dominicana, los datos judiciales revelan tendencias preocupantes que demandan atención inmediata, particularmente en lo que respecta a los procesos de divorcio y los casos de violencia intrafamiliar. Estas problemáticas no solo afectan la dinámica familiar, sino que también plantean retos significativos para el sistema de justicia y las políticas públicas del país.
En los últimos años, el número de divorcios ha experimentado fluctuaciones notables. Entre 2021 y 2024, se registraron un total de 117,335 solicitudes de divorcio, siendo 2022 el año con mayor incidencia, alcanzando los 34,199 casos. Le siguen 2021 con 27,761, 2024 con 28,893 y 2023 con 26,482. Estas cifras reflejan una demanda constante de disolución de vínculos matrimoniales, lo que evidencia cambios en las estructuras familiares y en las percepciones sociales sobre el matrimonio.
Un análisis más detallado muestra que la mayoría de estos procesos se concentran en el Departamento Judicial del Distrito Nacional, seguido por los Departamentos de Santiago y Santo Domingo. Esta distribución geográfica sugiere una mayor carga procesal en los tribunales de las zonas urbanas, donde la densidad poblacional y los factores socioeconómicos pueden influir en la toma de decisiones relacionadas con la separación. Entre las causas más frecuentes de divorcio destacan el mutuo consentimiento, que refleja una tendencia hacia procesos menos conflictivos, y la incompatibilidad de caracteres, que pone de manifiesto los desafíos en la convivencia y la comunicación dentro de las parejas.
Paralelamente, la violencia intrafamiliar ha registrado un aumento alarmante. Mientras que en 2021 se documentaron apenas 75 casos, en 2024 la cifra se disparó a 12,239, lo que representa un incremento significativo. En total, entre 2021 y 2024, se reportaron 13,587 casos de violencia intrafamiliar. Este crecimiento puede atribuirse, en parte, a una mayor visibilidad del problema y a mejoras en los sistemas de denuncia, pero también refleja una realidad cruda que requiere intervenciones urgentes. Los Departamentos Judiciales con mayores índices coinciden con las áreas más pobladas, aunque otros como La Vega y San Cristóbal también muestran tendencias preocupantes, lo que indica que la violencia intrafamiliar no es exclusiva de las grandes ciudades.
Frente a este escenario, el sistema judicial dominicano enfrenta desafíos críticos. La saturación de los tribunales, especialmente en las jurisdicciones con mayor demanda, exige la implementación de medidas que agilicen los procesos, como la mediación familiar y el uso de plataformas digitales para trámites judiciales. Asimismo, es prioritario garantizar que los casos que involucran a menores de edad se resuelvan de manera oportuna y con un enfoque protector de sus derechos.
En el ámbito de la violencia intrafamiliar, resulta esencial fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional para asegurar una respuesta rápida y efectiva. Las órdenes de protección deben ser implementadas con celeridad, y las víctimas deben contar con acceso a servicios de apoyo psicosocial y legal. Además, es fundamental promover campañas de prevención y educación que fomenten relaciones familiares basadas en el respeto y la equidad.
La modernización del marco jurídico es otro paso indispensable. Las leyes deben adaptarse a las nuevas realidades familiares, reconociendo la diversidad de estructuras familiares y facilitando procesos como el divorcio y la custodia de menores de manera más ágil y justa. La incorporación de tecnologías en el sistema judicial puede ser un aliado clave para lograr estos objetivos, permitiendo un seguimiento más eficiente de los casos y reduciendo la carga procesal.
En conclusión, el Día Internacional de las Familias es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la familia dominicana y para impulsar acciones concretas que fortalezcan su bienestar. Las estadísticas de divorcio y violencia intrafamiliar son un llamado a la acción para el Estado, la sociedad civil y las instituciones judiciales. Solo mediante un enfoque integral, que combine prevención, educación y justicia eficiente, se podrá construir un entorno familiar más seguro y estable para todos.