Alvaro Herrero, PhD
Coordinador Ejecutivo, Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA)
La Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, realizada en Santo Domingo los 27 y 28 de agosto de 2025, fue un punto de inflexión: reunió a delegaciones de toda la región —junto con aliados internacionales— para articular una agenda común de transparencia, participación y rendición de cuentas, con plenarias y paneles técnicos que conectaron visión política y soluciones operativas. Organizada por el Poder Judicial de la República Dominicana, la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) y la Alianza para el Gobierno Abierto, el encuentro culminó con la Declaración de Santo Domingo, que fija compromisos medibles y un mecanismo regional de seguimiento.
Justicia abierta en América Latina y el Caribe: de los principios a la acción
1) ¿Por qué importa la justicia abierta?
La justicia abierta no es un eslogan: es una transformación cultural e institucional que pone a las personas en el centro, apoyada en transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración. Esa definición—ya asumida en múltiples espacios regionales y globales—orienta un cambio de enfoque: de la lógica institucional hacia la experiencia de usuario, del “secreto por defecto” al “abierto por diseño”, y del piloto aislado a la política pública con metas, indicadores y presupuestos.
La urgencia es evidente. En América Latina y el Caribe, la confianza en el Poder Judicial es estructuralmente baja: estimaciones recientes del Latinobarómetro 2024 sitúan el promedio regional cercano al 28%. No es solo un dato: explica por qué abrir datos, hablar con lenguaje claro, prevenir conflictos de interés y crear canales de participación con incidencia es condición para reconstruir legitimidad.
En paralelo, la magnitud de las necesidades jurídicas insatisfechas revela que la justicia abierta es también una política social: el World Justice Project estima que alrededor de 5 mil millones de personas tienen necesidades de justicia no resueltas; en promedio, casi la mitad de la población ha enfrentado un problema legal reciente y alrededor de 1,4 mil millones no logran satisfacer necesidades cotidianas de justicia civil y administrativa.
Además, la región enfrenta un entorno desafiante—crimen organizado transnacional, impactos del cambio climático, erosión democrática—que refuerza la necesidad de instituciones judiciales abiertas, transparentes, accesibles y legítimas como activos estratégicos de seguridad democrática y de protección de la independencia judicial.
La agenda internacional aporta marcos útiles. La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) ha consolidado “justicia abierta” como política co-creada con múltiples actores; y la Carta Ética de la CEPEJ fija principios para el uso responsable de IA en sistemas judiciales (no discriminación, transparencia/explicabilidad, control humano), con trabajos en marcha sobre posibles mecanismos de certificación.
Finalmente, la digitalización expande el alcance de “lo abierto”. En la era de los datos, la apertura exige gobernanza de datos judiciales (calidad, estándares, privacidad) y nuevas formas de observación pública de la justicia que preserven debido proceso y seguridad.
2) Trabajar en red: el ecosistema de justicia abierta y sus desafíos
La justicia abierta exige pensar en ecosistemas: tribunales, fiscalías y defensorías, sí, pero también policías, registros, servicios sociales, penitenciarios, defensorías del pueblo, academia y sociedad civil. La Declaración de Santo Domingo reconoce la centralidad de la sociedad civil y la necesidad de tejer redes interinstitucionales sólidas para diseñar, implementar y evaluar reformas que funcionen.
Ese trabajo en red enfrenta obstáculos prácticos: silos organizacionales que fracturan la experiencia de las personas; asimetrías de información que impiden co-diseñar soluciones; capacidades desiguales para gestionar y proteger datos; y riesgos de tokenismo cuando la participación no tiene consecuencias. A ello se suma la fragmentación de la cooperación (múltiples agendas y donantes que no siempre coordinan) y la dificultad para alinear independencia judicial con rendición de cuentas, manteniendo el debido proceso como límite claro.
Dos retos merecen mención específica. Primero, la gobernanza de datos: sin estándares comunes, diccionarios, identificadores únicos, metadatos de calidad y reglas de interoperabilidad, la apertura no genera valor (y puede aumentar riesgos). Segundo, la IA en justicia: prometer eficiencia sin garantías erosiona derechos; por eso importan los principios de transparencia, no discriminación y supervisión humana, y avanzar hacia esquemas de evaluación/certificación de herramientas.
3) Cinco prioridades para llevar a la acción la Declaración de Santo Domingo
1. Institucionalizar políticas de justicia abierta con metas y recursos. Pasar del “piloto” a la política pública: planes institucionales con indicadores, líneas de base, responsables y presupuestos plurianuales; diagnósticos de capacidades; formación continua; y coordinación entre presidencia de corte, gestión, estadística, TI y comunicación.
2. Abrir datos útiles y comprensibles, con lenguaje claro y salvaguardas. Publicar proactivamente procesos, sentencias, resoluciones, estadísticas y datos administrativos en formatos abiertos, con metadatos y licencias que faciliten reutilización por sociedad civil y academia; proteger datos personales; y acompañar con lenguaje claro e informes comprensibles.
3. Participación con incidencia y co-creación con sociedad civil. Consejos de personas usuarias, audiencias públicas, veedurías sociales y laboratorios de innovación deben cambiar decisiones, no simular diálogo. Integrar a poderes judiciales y organizaciones sociales en espacios de co-creación (nacionales y subnacionales) con procesos inclusivos y verificables.
4. Gobernanza de datos e IA responsable al servicio del debido proceso. Adoptar estándares de gobernanza de datos (calidad, diccionarios, identificadores únicos, trazabilidad), protocolos de anonimización y reglas de interoperabilidad; y, cuando haya IA, aplicar principios de no discriminación, transparencia/explicabilidad y supervisión humana, explorando evaluaciones/certificaciones de herramientas algorítmicas usadas en justicia.
5. Arquitectura regional de cooperación con medición independiente. Convertir la cooperación en resultados requiere una infraestructura de seguimiento: un mecanismo regional que coordine la implementación de la Declaración, publique informes anuales, convoque diálogos y movilice recursos. Sugerencia práctica: definir un tablero regional con un conjunto mínimo de indicadores comparables (tiempos de respuesta, accesibilidad, satisfacción usuaria, integridad, uso de datos abiertos) con auditoría metodológica independiente.
Conclusión
La región tiene un punto de partida sólido: una narrativa compartida sobre por qué abrir la justicia, una declaración consensuada que convierte principios en compromisos y una masa crítica de instituciones, redes y organizaciones dispuestas a cooperar. El desafío ahora es convertir esa convergencia en una mecánica de ejecución: planificar con evidencia, medir sin complacencias, abrir con propósito y participar con incidencia. Si lo hacemos, no solo mejoraremos procedimientos internos; cerraremos la brecha de justicia, recuperaremos confianza y fortaleceremos la democracia frente a amenazas reales. Esa es la promesa de la justicia abierta cuando se vuelve política pública y acción coordinada.