Cada 2 de julio, la República Dominicana celebra el Día del Abogado, una fecha que conmemora la figura de Juan Pablo Duarte, quien además de ser Padre de la Patria fue abogado. Esta conmemoración no solo rinde homenaje a la función esencial que desempeñan los juristas en el mantenimiento del orden legal y democrático del país, sino que también ofrece una oportunidad para examinar con datos concretos cómo ha evolucionado el perfil del abogado dominicano. Este análisis se fundamenta en estadísticas recientes, distribuciones geográficas y tendencias en las áreas de ejercicio profesional.
De acuerdo con datos suministrados por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), hasta el año 2024 se encontraban registrados más de 73,000 abogados en el país, de los cuales aproximadamente el 65% ejerce de forma activa. Esta proporción ha crecido de manera constante durante las últimas dos décadas, debido al aumento sostenido en la cantidad de facultades de Derecho y al mayor interés por parte de jóvenes profesionales en ingresar al ámbito jurídico1. Esta expansión, sin embargo, plantea desafíos en cuanto a la calidad de la formación, la regulación del ejercicio profesional y la equidad en el acceso a oportunidades laborales.
En términos de distribución geográfica, el ejercicio del Derecho presenta una marcada concentración en las regiones más desarrolladas. El Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo reúnen en conjunto más del 45% de los abogados en ejercicio en todo el país, seguidos por Santiago, San Cristóbal y La Vega. Este fenómeno se explica por la ubicación de las principales instituciones judiciales, universidades, firmas privadas y organismos públicos. En contraposición, provincias como Pedernales, Elías Piña e Independencia registran las cifras más bajas de abogados por habitante, lo que incide directamente en la dificultad de acceso a la justicia en comunidades rurales o alejadas de los polos urbanos2.
Respecto a las áreas de especialización, aunque tradicionalmente ha predominado el modelo del abogado generalista, en los últimos años se observa una creciente inclinación hacia la diversificación y especialización profesional. Las áreas del derecho penal y de familia siguen siendo las más comunes, especialmente en los tribunales de primera instancia y en el ejercicio independiente. Sin embargo, también hay un crecimiento importante en el derecho civil y comercial, impulsado por el dinamismo del sector empresarial, así como en el derecho inmobiliario, vinculado al auge del sector construcción y el turismo3.
Por otro lado, nuevas áreas comienzan a captar la atención de jóvenes juristas. El derecho digital, el derecho ambiental y el derecho de los mercados financieros han empezado a consolidarse como campos de desarrollo, aunque su alcance aún es limitado debido a la escasa oferta de programas de posgrado y a la falta de regulación específica en algunas materias. A pesar de estos avances, muchos abogados, especialmente los recién graduados, enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral, lo que ha derivado en prácticas informales o en el abandono de la carrera legal en busca de alternativas económicas4.
En este contexto, el ejercicio profesional enfrenta varios desafíos estructurales. Uno de los principales es la sobreoferta de abogados en zonas urbanas, que genera una competencia desproporcionada sin una correspondiente expansión en la demanda de servicios jurídicos. A esto se suman la desigual calidad de la formación académica evidenciada por las diferencias entre universidades acreditadas y centros de bajo rigor y la falta de mecanismos eficaces para la educación continua. Adicionalmente, existen deficiencias en el acceso a recursos tecnológicos que dificultan la modernización del ejercicio y limitan la eficiencia en la prestación de servicios legales5.
El perfil del abogado dominicano actual, por tanto, se encuentra en un punto de inflexión. Si bien se ha logrado un crecimiento cuantitativo notable, persisten desafíos importantes en materia de calidad, equidad y modernización. Es fundamental que las políticas públicas, los gremios profesionales y las universidades asuman un rol más activo en la regulación y mejora de la formación jurídica, en la promoción de la ética profesional y en el fomento de la especialización acorde con las necesidades del país. Asimismo, urge una estrategia nacional que garantice una mayor equidad territorial en la provisión de servicios jurídicos, asegurando que el acceso a la justicia no dependa de la geografía, sino del derecho mismo.
En definitiva, celebrar el Día del Abogado implica también reflexionar sobre el rol que estos profesionales deben seguir desempeñando en la consolidación del Estado de derecho, la defensa de los derechos fundamentales y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
- Colegio de Abogados de la República Dominicana, Informe Anual de Membresía y Ejercicio Profesional (Santo Domingo: CARD, 2024). ↩︎
- Observatorio Judicial Dominicano, Informe de Cobertura Legal por Provincia (Santo Domingo: Fundación Justicia y Transparencia, 2023). ↩︎
- Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Estudio de demanda profesional y mercado laboral jurídico en República Dominicana (Santo Domingo: MESCyT, 2022). ↩︎
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Diagnóstico del acceso al empleo legal en jóvenes profesionales dominicanos (Santo Domingo: PNUD, 2023). ↩︎
- USAID, Estudio sobre tecnología y ejercicio legal en República Dominicana, Programa de Fortalecimiento de la Justicia (Santo Domingo: USAID, 2022). ↩︎
