Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de proteger los recursos naturales. En la República Dominicana, el Poder Judicial se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la aplicación de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), así como de otros instrumentos normativos vinculados a la sostenibilidad y la protección ecológica. El rol de los tribunales, fiscales ambientales y órganos de control ha sido clave no solo para sancionar conductas ilícitas, sino también para sentar precedentes judiciales que orienten a los actores económicos, sociales y estatales hacia prácticas ambientalmente responsables.
Durante los últimos años, el sistema judicial dominicano ha tenido que responder ante una creciente presión social y ambiental, producto del deterioro de zonas protegidas, la sobreexplotación de recursos naturales, la expansión de la minería metálica y no metálica, y las actividades ilegales en costas, ríos y bosques. Uno de los casos más destacados en este contexto es el conflicto generado en torno al proyecto de expansión minera de la empresa Barrick Gold en la provincia Sánchez Ramírez. En enero de 2025, la comunidad de El Naranjo denunció ser objeto de desplazamiento forzoso, sin consultas previas ni mecanismos adecuados de compensación. Además, advirtieron sobre la contaminación por residuos tóxicos que afectaban fuentes de agua cercanas y el impacto en su salud. Este conflicto derivó en manifestaciones, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y acciones legales. El caso reavivó el debate sobre la necesidad de balancear desarrollo económico y respeto al medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades afectadas1.
Otro ejemplo reciente fue el sometimiento judicial de un comerciante de Barahona por vender especies marinas en veda en abril de 2023. Esta acción fue llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, demostrando una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la biodiversidad y el cumplimiento de los períodos de protección. A pesar de tratarse de un hecho aislado en apariencia, este tipo de acciones judiciales establece un precedente importante, pues evidencia que los controles ambientales no solo deben centrarse en grandes industrias, sino también en prácticas locales que afectan el equilibrio ecológico, como la pesca de especies prohibidas2.
El Tribunal Constitucional dominicano también ha tenido intervenciones clave en materia ambiental. Un ejemplo de ello es la sentencia TC/0458/21, emitida en diciembre de 2021, donde se analizaron los permisos otorgados para la extracción de materiales en la mina Mar Palmarejo. En dicha sentencia, el Tribunal sostuvo que el Estado debe garantizar la realización previa de estudios de impacto ambiental completos y confiables, antes de autorizar actividades extractivas en zonas sensibles. Esta decisión reafirma el principio de precaución ambiental y consolida el rol del derecho constitucional como herramienta de tutela ecológica3.
Además de los casos emblemáticos, los datos recopilados por el Poder Judicial reflejan una tendencia sostenida en la judicialización de infracciones ambientales. De acuerdo con las estadísticas extraídas del sistema de registro judicial entre 2018 y 2023, se procesaron más de 8,400 casos en total bajo la categoría de delitos ambientales, conforme a la Ley 64-00. El año 2022 marcó el punto más alto del período con un total de 1,840 entradas, seguido de 2023 con 1,676, lo que sugiere una intensificación de la respuesta judicial ante este tipo de delitos. Esta tendencia también podría estar vinculada a una mayor conciencia ciudadana y a la creación de unidades especializadas en el Ministerio Público.
Al analizar los datos por jurisdicción, se observa que el Departamento Judicial de Santo Domingo concentró el mayor volumen de casos, con un total acumulado de 2,151 entradas en el período, representando aproximadamente el 25% del total nacional. Le siguen San Cristóbal (1,032), Santiago (854), San Pedro de Macorís (721) y San Francisco de Macorís (654). Estos cinco departamentos concentran más del 60% de las acciones judiciales en materia ambiental del país. Este patrón sugiere que las zonas urbanizadas y de alta presión industrial concentran también mayores conflictos ambientales y, por consiguiente, litigios asociados.
En contraste, departamentos judiciales como Montecristi, Samaná, y Elías Piña reportan cifras considerablemente más bajas, lo cual podría deberse a una menor densidad poblacional o a deficiencias en los sistemas locales de denuncia y persecución penal ambiental. La baja judicialización en estas regiones podría implicar subregistro o escasa capacidad institucional para enfrentar delitos ecológicos de menor escala.
Estas estadísticas coinciden con los informes públicos. Según la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente (Proedemaren), en 2022 se procesaron 4,889 casos, siendo la contaminación sónica el delito más común, con 3,918 registros4. Por otro lado, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) reportó entre 2022 y 2023 más de 28,000 operativos, con 2,522 personas detenidas por infracciones ambientales5. La magnitud de estos datos demuestra un esfuerzo sostenido por fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental.
En el plano administrativo, el Ministerio de Medio Ambiente impuso más de 440 sanciones entre 2023 y 2024, con montos que superaron los RD$20 millones en varios casos de minería ilegal6. Además, se informó que en 2024 se desembolsaron RD$261 millones en cumplimiento de sentencias condenatorias relacionadas con litigios ambientales7. Este impacto económico evidencia las consecuencias que enfrentan tanto el Estado como los privados por ignorar o incumplir las disposiciones ambientales.
En conclusión, los datos y decisiones judiciales revisadas confirman que el sistema judicial dominicano está evolucionando hacia una mayor protección efectiva del medio ambiente. Los tribunales, acompañados por las fiscalías ambientales y los entes reguladores, están desempeñando un papel esencial para que la Ley 64-00 no sea una declaración simbólica, sino una herramienta viva de defensa del patrimonio natural. Para consolidar este avance, será necesario mejorar el acceso a la justicia ambiental en zonas rurales, fortalecer los mecanismos de monitoreo judicial, capacitar a jueces y fiscales, y garantizar que las sentencias sean ejecutadas. Solo así se podrá lograr una justicia ambiental que no solo sancione, sino que también prevenga y repare el daño ecológico de forma estructural.
- El País. “El verdadero coste del oro: un nuevo proyecto minero reaviva un viejo conflicto en República Dominicana.” 31 de enero de 2025. https://elpais.com/america-futura/2025-01-31/el-verdadero-coste-del-oro-un-nuevo-proyecto-minero-reaviva-un-viejo-conflicto-en-republica-dominicana.html ↩︎
- Ministerio de Medio Ambiente. “Medio Ambiente somete a la justicia comerciante por vender especies en veda.” Abril 2023. https://ambiente.gob.do/en/medio-ambiente-somete-a-la-justicia-comerciante-por-vender-especies-en-veda/ ↩︎
- Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0458/21. https://do.vlex.com/vid/sentencia-n-tc-0458-879356839 ↩︎
- Procuraduría General de la República. “Proedemaren encausó más de 4,000 casos de delitos ambientales en 2022.” https://pgr.gob.do/proedemaren-encauso-mas-de-4000-casos-de-delitos-ambientales-en-2022/ ↩︎
- Observatorio del Poder Judicial. “Justicia ambiental en la República Dominicana.” https://sharp-shannon.172-210-248-103.plesk.page/justicia-ambiental-en-la-republica-dominicana/ ↩︎
- Diario Libre. “Las multas ambientales más caras entre 2023 y 2024.” https://www.diariolibre.com/medioambiente/multas-ambientales-2023-2024 ↩︎
- De Último Minuto. “Medio Ambiente ha pagado más de RD$261 millones en sentencias condenatorias.” https://deultimominuto.net/medio-ambiente-ha-pagado-mas-de-rd261-millones-en-sentencias/ ↩︎