El Informe de Estado de Derecho para el año 2023, publicado por el Proyecto de Justicia Mundial, ha informado que la República Dominicana ha experimentado un avance significativo al ascender ocho posiciones en la clasificación mundial. Concretamente, el país ha pasado del puesto 94 al 86 entre las 142 naciones evaluadas. En la región de América Latina y el Caribe, se ubica en la posición 20 de 32 países evaluados, representando una mejora de dos posiciones con respecto al año anterior.
Las principales fortalezas identificadas se encuentran en los factores tres y cuatro del índice: «Gobierno Abierto» y «Derechos Fundamentales», respectivamente. En estos aspectos, la República Dominicana se sitúa ligeramente por encima de la media regional, destacando su compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades civiles, así como la transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales.
No obstante, para el año 2023, la principal debilidad del país en este índice se identifica en el factor 8 del WJP, que evalúa el sistema de «Justicia penal» de un país. En este aspecto, la República Dominicana se encuentra por debajo de la media regional (0,38) y de sus homólogos de la Alianza, con excepción de Ecuador. Esta situación insta a una evaluación exhaustiva de las reformas necesarias para fortalecer el sistema de justicia penal, mejorando la eficiencia, imparcialidad y accesibilidad, con el objetivo de garantizar una administración de justicia más efectiva y equitativa para todos los ciudadanos.
El segundo factor con una puntuación inferior (0,39) es la «Ausencia de Corrupción». Las calificaciones en este aspecto están por debajo de la media regional y de países comparables como Costa Rica y Panamá. Esto subraya la necesidad de fortalecer e incentivar la implementación de reformas esenciales para combatir la corrupción de manera efectiva.
La tercera debilidad señalada es en el factor número seis, «Cumplimiento Regulatorio», donde es imperativo garantizar la implementación de las reformas y medidas necesarias para fortalecer el cumplimiento regulatorio en el país. Esto implica asegurar una aplicación eficiente y justa de las regulaciones y leyes, promoviendo un entorno en el que se respeten las normativas y se fomente la legalidad.
La cuarta debilidad se encuentra en el factor número uno del Índice de Estado de Derecho del WJP, «Restricciones a los poderes gubernamentales», que mide en qué medida quienes gobiernan están sujetos a la ley. Aquí, se observa una puntuación de 0,51, ligeramente inferior a la media regional y global. Esto destaca la necesidad de que el estado garantice que los poderes del gobierno y sus funcionarios se limiten y sean responsables ante la ley, fortaleciendo así la existencia de una prensa libre e independiente.
Finalmente, la quinta debilidad del Índice es el factor número cinco, «Orden y seguridad», que evalúa la capacidad de una sociedad para garantizar la seguridad de las personas y la propiedad. En este aspecto, la República Dominicana obtiene una puntuación de 0,64, ligeramente por debajo de la media regional y global, lo que destaca la necesidad de implementar estrategias integrales que aborden las causas subyacentes y fortalezcan la aplicación de la ley.
Estado de Derecho World Justice Project: Posición RD
