La formulación, aprobación y promulgación de Ley núm. 339-22 que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. G. O. No. 11076 del 29 de julio de 2022, responde ante la necesidad de optimizar y agilizar procesos realizados por el aparato judicial.
La transformación digital de los servicios gubernamentales en el siglo actual es inminente, la administración de justicia no es la excepción. Gracias a la adopción de las tecnologías emergentes es posible aplicar formato de trabajo más eficientes tales como la firma electrónica, audiencias virtuales, expediente electrónico, notificaciones digitales, entre otras.
Desde la aplicación de la nombrada ley, queda pautado el alcance y funcionalidad del expediente judicial electrónico, se otorga la facultad a los jueces, secretarios, servidores judiciales y oficiales de la justicia de los tribunales y los órganos administrativos del Poder Judicial a utilizar la firma digital cualificada para rubricar las sentencias, resoluciones, autos y cualquier otro documento vinculado a un proceso jurisdiccional o administrativo, cuya validez, autenticidad, fuerza probatoria y liberatoria son iguales a los documentos producidos de forma manual.
Las audiencias virtuales permiten llevar a cabo acciones jurisdiccionales en un entorno digital desde cualquier lugar para las partes, lo que otorga mayor flexibilidad y eficiencia tanto al aparato de justicia como a todas las partes involucradas en el proceso.
Entre otras ventajas gracias a esta ley se encuentran:
Acceso a la Justicia: Facilita el acceso a la justicia. La digitalización ha permitido a los ciudadanos presentar documentos y realizar trámites en línea, eliminando barreras geográficas y facilitando la participación en el sistema judicial.
Transparencia: El uso de medios digitales ha aumentado la transparencia en el sistema judicial. La publicación en línea de información sobre casos, decisiones judiciales y procedimientos fortalece la confianza pública en el sistema.
Ahorro de Recursos: La reducción del uso de papel y la automatización de procesos ha conducido a un ahorro significativo de recursos. La digitalización logra hacer que la gestión de casos sea más eficiente y rentable.
Modernización del Sistema Judicial: La adopción de tecnologías digitales ha permitido la maduración del sistema judicial, lo que a su vez mejora su capacidad para hacer frente a los desafíos y demandas cambiantes de la sociedad.
Salvo la materia penal, las bondades adquiridas desde la promulgación de esta ley generan y generarán beneficios exponenciales que se traducirán en una justicia más transparente, auditable, pronta y eficaz.
Justicia Digital, a un año de la ley de uso de medios digitales
