Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, con el objetivo de reconocer sus derechos, culturas, territorios y formas de vida. Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos persistentes que enfrentan los pueblos indígenas en todo el mundo, en particular en el ámbito del acceso a la justicia.
A pesar del reconocimiento internacional de sus derechos, los pueblos indígenas continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su participación plena e igualitaria en los sistemas judiciales. Estas barreras incluyen el desconocimiento o la criminalización de sus sistemas jurídicos propios, el racismo estructural, la exclusión social y la falta de acceso a intérpretes en sus lenguas originarias. La justicia, entendida como un valor fundamental de los derechos humanos, solo puede realizarse si es inclusiva, intercultural y respetuosa de la diversidad.
Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la marginación persistente de los pueblos indígenas en los sistemas judiciales estatales refleja un legado de discriminación histórica y de imposiciones legales que han deslegitimado sus propios sistemas jurídicos”1. En América Latina, donde más de 800 pueblos indígenas conviven con sistemas jurídicos nacionales, este desafío se agrava por la tensión entre el derecho positivo estatal y los derechos consuetudinarios indígenas.
No obstante, existen avances significativos. Algunos países han reconocido constitucionalmente el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen la obligación de respetar la identidad cultural y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, siempre que estos sean compatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos2. Este enfoque contribuye a una visión intercultural del derecho, donde la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza jurídica y democrática.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también vincula el acceso a la justicia con la reducción de desigualdades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, en particular, promueve sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso igualitario a la justicia y la construcción de instituciones eficaces y responsables3. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de la justicia para los pueblos indígenas no es solo una cuestión de derechos individuales, sino un compromiso estructural con la equidad, la paz y la sostenibilidad.
Conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos exige algo más que actos simbólicos. Implica reconocer que sin justicia intercultural no puede haber verdadera justicia. Significa garantizar que sus voces sean escuchadas, que sus derechos sean respetados y que sus sistemas de vida tengan un espacio legítimo en el diseño de políticas públicas, incluida la justicia. La verdadera inclusión comienza cuando el sistema judicial no solo los protege, sino que aprende de ellos.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU), Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, A/HRC/54/27, 11 de agosto de 2023. ↩︎
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas) (San José: Corte IDH, 2007). ↩︎
- Organización de las Naciones Unidas (ONU), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Resolución A/RES/70/1, 25 de septiembre de 2015. ↩︎