El 26 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1987, con el objetivo de fortalecer la acción y la cooperación internacional en la lucha contra uno de los flagelos más persistentes que afectan a las sociedades modernas. Esta fecha no solo representa un llamado a la acción frente al problema mundial de las drogas, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta cada país en su respuesta institucional frente al tráfico ilícito de sustancias controladas y su impacto social, económico y judicial.
En la República Dominicana, la lucha contra el narcotráfico está enmarcada dentro de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, que desde su promulgación ha constituido el pilar legal en la materia. Esta norma tipifica como infracciones graves la producción, distribución, tráfico, posesión y financiamiento de actividades relacionadas con estupefacientes, otorgando facultades al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales para actuar con severidad frente a estos delitos. Sin embargo, más allá del marco legal, la verdadera dimensión de la respuesta estatal puede medirse a través de los datos judiciales que reflejan el comportamiento de los tribunales frente a estos casos.
Durante el período 2023-2025, se han registrado datos significativos sobre la tramitación de casos judiciales vinculados a la Ley 50-88. En el año 2023, se procesaron 50 expedientes relacionados con esta infracción, de los cuales se resolvieron 44, reflejando un porcentaje de solución del 88%. Esta cifra, aunque relativamente alta, muestra un volumen reducido de casos, lo que podría explicarse por factores como limitaciones operativas, menor actividad delictiva registrada o subregistro en las estadísticas judiciales. No obstante, el panorama cambia drásticamente en los dos años siguientes. En 2024, se registraron 450 entradas de trámites y se resolvieron 404, lo que eleva la tasa de solución a un 89.8%. Este aumento evidencia un mayor esfuerzo institucional en la detección y judicialización de casos de narcotráfico, posiblemente impulsado por operativos interinstitucionales, mejoras en los sistemas de inteligencia y una agenda política enfocada en el combate al crimen organizado.
La tendencia positiva continúa en 2025, donde las estadísticas muestran 445 nuevos casos ingresados y 476 resueltos, lo que representa un porcentaje de solución del 107%. Este dato es particularmente relevante, ya que evidencia no solo la capacidad de respuesta frente a los casos actuales, sino también el abordaje efectivo del cúmulo de expedientes pendientes de años anteriores. La resolución de más casos que los ingresados en el año indica una estrategia orientada a reducir el rezago judicial, mejorar los tiempos de respuesta y avanzar en la descongestión de los tribunales. Este logro, sin embargo, debe analizarse con cautela, ya que la rapidez procesal no siempre garantiza profundidad en la investigación ni calidad en las decisiones judiciales. Es importante evaluar si la celeridad se ha acompañado de garantías procesales suficientes, respeto a los derechos de los imputados y una correcta individualización de las penas.
A pesar de estos avances en términos cuantitativos, el narcotráfico sigue siendo un desafío estructural para el país. Su combate no puede limitarse a la esfera penal, sino que debe abordarse desde un enfoque integral que incluya políticas públicas de prevención del consumo, programas educativos, oportunidades económicas para sectores vulnerables y una fuerte inversión en salud mental y rehabilitación. El tráfico de drogas está estrechamente ligado a fenómenos de exclusión social, pobreza, desempleo juvenil y corrupción institucional. Por tanto, cualquier estrategia que pretenda ser sostenible debe ir más allá de las cifras de condenas y procesos concluidos.
Además, es necesario resaltar que el narcotráfico ha mutado en los últimos años, adoptando nuevas formas de operación, incluyendo el uso de tecnologías, rutas marítimas sofisticadas, y estructuras criminales con capacidad transnacional. En este contexto, la cooperación internacional resulta esencial. La República Dominicana, como país de tránsito y cada vez más de consumo, requiere alianzas estratégicas con agencias antidrogas extranjeras, mecanismos de intercambio de inteligencia y tratados de asistencia judicial recíproca que permitan identificar, desarticular y sancionar a las redes criminales en todas sus dimensiones.
En conclusión, las estadísticas judiciales recientes muestran un sistema que ha ganado en capacidad operativa frente a los delitos relacionados con la Ley 50-88. El notable incremento en el número de casos tramitados y resueltos entre 2023 y 2025 representa un avance en términos de eficacia institucional. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico exige algo más que eficiencia judicial: requiere coherencia entre la represión y la prevención, integración de políticas sociales, fortalecimiento institucional, y una visión de largo plazo que ponga en el centro a las personas y sus comunidades. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad más segura, justa y libre del flagelo de las drogas.