El Índice de Estado de Derecho, también conocido como Rule of Law Index, es una herramienta desarrollada por la organización no gubernamental World Justice Project (WJP) para evaluar y medir los países según su desarrollo como un Estado de Derecho. Esto se refiere a la idea de que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, estén sometidas sean responsables ante la ley, además de que se aplica de manera justa y es accesible.
Los componentes del Índice de Estado de Derecho incluyen aspectos como la ausencia de corrupción, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil y penal, entre otros. En este último aspecto, la justicia penal como componente se refiere a la efectividad, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia penal, lo que abarca desde la investigación policial hasta la ejecución de la pena.
En el año 2023 la República Dominicana en términos generales avanzó 6 posiciones en este índice, pasando de la posición 94 a 86 de 142 naciones (exceptúa 2 naciones que se retiraron). En Latinoamérica y el Caribe, en la posición 20 de 32, mejorando en dos posiciones respecto del año anterior. El resultado obtenido fue de 0.49, de una escala de 0 a 1, donde el 1 representa un Estado de Derecho sólido y estable.
La principal debilidad del 2023 fue el componente de “Justicia Penal”, ubicándose por debajo de la media regional. Este índice se construye a partir de encuestas a expertos, la población, y el análisis de datos sobre los temas de efectividad, imparcialidad, eficiencia y acceso.
Desde el Poder Judicial son varias las iniciativas que se han llevado a cabo y que están en curso, que tienden a la mejora de la justicia penal, desde el momento en que son procesados penalmente hasta que es ejecutada la decisión definitiva dictada por un juez.
El Programa de Optimización Penal, destinado a eficientizar las diferentes etapas que componen el proceso penal, en aspectos tales como la duración de las etapas del proceso penal, justicia restaurativa (uso de MRAC, salidas alternas, entre otros).
Este programa ha abordado aspectos tales como la aceleración del proceso penal mediante la homogeneización del procedimiento con miras a incrementar el uso y agilizar las salidas alternas, por intermediación de las mesas de coordinación interinstitucional y la realización de jornadas de capacitación con los diferentes actores del sistema de justicia penal.
Igualmente, se están llevando a cabo medidas para agilizar el proceso de tramitación de las órdenes de libertad por cumplimiento, las cuales están bajo la responsabilidad del Juez de Ejecución de la Pena. Paralelamente, se están identificando casos de personas privadas de libertad que se encuentran en condiciones precarias de salud, con el objetivo de aplicar las medidas de salvaguarda necesarias.
Adicionalmente, se está implementando el Sistema de Gestión de Casos en materia penal, una herramienta que permitirá seguir de manera integral los casos penales desde su inicio hasta su conclusión. Este sistema posibilitará el establecimiento de indicadores y metas para mejorar la calidad del servicio de administración de justicia. Además, contribuirá a un control efectivo de los plazos procesales, identificando y abordando las causas de posibles retrasos, lo que mejorará el modelo operativo de la jurisdicción penal. Se contempla la elaboración de tableros de control y monitoreo para medir y dar seguimiento a los procesos.
Mediante esta herramienta, los tribunales contarán con una asistencia detallada en la gestión de sus casos, abarcando actividades como la citación, notificación y solicitud de traslado de los imputados. También se supervisarán los plazos máximos de duración de la prisión preventiva, las distintas etapas del proceso, y se ejercerá un control efectivo sobre los individuos privados de libertad en virtud de una sentencia condenatoria.
Este enfoque busca fortalecer el sistema de justicia a través de un exhaustivo uso de las tecnologías de la información y comunicación. Este avance no solo mejorará la eficiencia operativa, sino que también se traducirá en una justicia más actualizada y al día, para garantizar la dignidad de las personas.
Desafíos de la justicia penal en República Dominicana
