Política de Datos Abiertos del Poder Judicial de la República Dominicana. “Una breve explicación y su importancia”

La implementación de la Política de Datos Abiertos en el Poder Judicial de la República Dominicana marca un hito significativo en la búsqueda de una justicia más accesible y transparente. Esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Estratégico del Poder Judicial 2020-2024, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 16, que promueve la «Paz, Justicia e Instituciones Sólidas».

El objetivo principal de esta política es establecer los lineamientos necesarios para fomentar una justicia abierta y accesible. Se busca impulsar la transparencia activa, reforzar los derechos humanos, proteger a los grupos vulnerables y promover la igualdad y la inclusión social. Con un alcance nacional, esta política responde al compromiso de gestión transparente del Poder Judicial.

El marco normativo que sustenta esta política es robusto, abarcando tanto leyes nacionales como acuerdos internacionales. A nivel nacional, se apoya en la Constitución de la República Dominicana, la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, y varias leyes que promueven el libre acceso a la información pública, la protección de datos personales, y el uso de medios digitales en procesos judiciales. A nivel internacional, se basa en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y diversas cartas y recomendaciones aprobadas en cumbres judiciales iberoamericanas.

La política de datos abiertos del Poder Judicial se rige por varios principios fundamentales:

· Justicia Abierta por Defecto: Todos los datos del Poder Judicial podrán estar disponibles de manera abierta, con excepciones legales para proteger datos sensibles.
· Accesibilidad: Los datos deben ser accesibles de manera fácil, segura y gratuita para todas las personas, incluyendo grupos vulnerables.
· Reusabilidad: Los datos deben estar en formatos legibles por máquinas para facilitar su análisis y reutilización.
· Exactitud y Colaboración: Los datos deben ser correctos y actualizados, y se promoverá la colaboración con la sociedad civil, el sector privado y la comunidad científica.
· Privacidad: La protección de los datos personales es primordial, conforme a las normativas nacionales e internacionales aplicables.

En cuanto a su impacto social, la implementación de esta política tiene múltiples beneficios para la sociedad dominicana, facilita el acceso a la información judicial, incrementando la comprensión de los procesos judiciales y fortaleciendo la confianza pública y facilita la investigación y abogacía, contribuyendo a una toma de decisiones más informada y eficiente.; Mejora la integridad y legitimidad del sistema de justicia y permite el acceso y uso de datos entre diferentes organismos, promoviendo una colaboración más efectiva.

Esta política compromete a garantizar la calidad e integridad de los datos difundidos, implementando sistemas de verificación y auditorías periódicas. Además pone un énfasis particular en la protección de los datos personales mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas para garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos, utilizando técnicas de anonimización y adoptando estándares internacionales de protección de datos.