El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha propicia para reflexionar sobre los factores que inciden en el bienestar integral de las sociedades. En la República Dominicana, uno de los aspectos menos explorados, pero de alto impacto, es la relación entre los procesos judiciales y la salud mental de los ciudadanos. Litigios prolongados, trámites burocráticos excesivos y un trato deshumanizado en los tribunales no solo obstaculizan la solución de conflictos, sino que generan profundas secuelas psicológicas en las personas involucradas.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 30% de los dominicanos que atraviesan procesos judiciales reporta síntomas de ansiedad, insomnio o depresión, lo cual revela una crisis silenciosa con serias implicaciones sociales y sanitarias1. La experiencia judicial puede compararse a un duelo prolongado: cada audiencia aplazada, cada recurso que retrasa la sentencia, profundiza el desgaste emocional del litigante.
Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo identificó que un 68% de las personas inmersas en disputas familiares —particularmente en casos de divorcio o custodia de menores— desarrollan síntomas similares al trastorno de estrés postraumático (TEPT)2. Estos procesos suelen extenderse por más de dos años, lo que somete a las familias a ciclos prolongados de incertidumbre y deterioro económico. Un caso emblemático ilustra esta realidad: una madre residente en San Pedro de Macorís decidió abandonar su demanda de pensión alimenticia tras tres años de trámites judiciales, priorizando su estabilidad emocional sobre la obtención de justicia.
El sistema judicial dominicano, lejos de aliviar este sufrimiento, con frecuencia lo intensifica. La falta de formación en salud mental entre jueces, fiscales y defensores públicos es un obstáculo grave. A ello se suma la lentitud estructural: el 45% de los casos civiles tarda más de tres años en resolverse, según estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia3. Esta dilación convierte los tribunales en espacios de revictimización para quienes buscan amparo legal.
La situación se agrava con fallas administrativas crónicas. Se estima que el 40% de las notificaciones legales contiene errores, ya sea en la dirección del destinatario o en la fecha de entrega, lo que genera desinformación e indefensión4. Para poblaciones vulnerables —como mujeres víctimas de violencia de género o adultos mayores envueltos en disputas patrimoniales— estas fallas son una sentencia adicional de angustia emocional.
Las consecuencias trascienden lo individual para convertirse en un problema de salud pública. Un informe reciente del Ministerio de Salud Pública vinculó el aumento del 22% en las consultas psiquiátricas en Santo Domingo con el estrés derivado de procesos legales complejos y prolongados5. En zonas rurales, campesinos enfrentados a desalojos sin asistencia jurídica adecuada presentan cuadros de depresión severa, lo que afecta su funcionalidad, capacidad productiva y dinámica familiar.
Frente a este panorama, comienzan a emerger iniciativas orientadas a humanizar la justicia. La implementación de programas de acompañamiento psicológico gratuito en los tribunales —basados en modelos aplicados con éxito en Chile y Costa Rica— ha reducido el abandono de procesos legales en un 35%, según datos del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos6. Del mismo modo, la digitalización progresiva de notificaciones y audiencias virtuales, actualmente en fase piloto en el Distrito Nacional, muestra potencial para reducir la exposición traumática de las víctimas y acortar los tiempos procesales.
La mediación obligatoria en conflictos civiles también ha comenzado a rendir frutos: en aproximadamente el 30% de los casos de divorcio gestionados por el Poder Judicial, se ha logrado llegar a acuerdos sin necesidad de juicio, aliviando así la carga de los tribunales y favoreciendo soluciones más restaurativas7.
El cambio, sin embargo, no se limita a reformas técnicas. También se requiere una transformación cultural. Campañas como Justicia sin Daño, impulsadas por organizaciones no gubernamentales, buscan educar a operadores del sistema sobre técnicas de comunicación empática y no violenta durante las audiencias. Universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) han incorporado módulos sobre salud mental en sus programas de derecho, promoviendo una nueva generación de juristas sensibles al trauma emocional8.
Pese a estos avances, el Estado dominicano debe asumir un rol protagónico. Es urgente que se reconozca la salud mental como un derecho intrínsecamente vinculado al acceso efectivo a la justicia. Esto implica asignar presupuestos específicos para servicios psicológicos en los tribunales, capacitaciones especializadas y campañas públicas que fomenten la comprensión del impacto emocional de los procesos judiciales.
En el Día Mundial de la Salud, es crucial recordar que un sistema de justicia disfuncional no solo niega derechos legales, sino que también enferma. La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica para reformar su justicia con enfoque humano. Los tribunales deben dejar de ser espacios de sufrimiento para convertirse en lugares donde la justicia, además de impartirse, contribuya a sanar. Porque la salud mental de una nación también se mide por la humanidad de sus leyes.
- Organización Panamericana de la Salud. Salud mental y bienestar en América Latina y el Caribe, OPS, 2023. ↩︎
- Universidad Autónoma de Santo Domingo. Impacto emocional de los litigios familiares en la población dominicana, Facultad de Ciencias de la Salud, 2022. ↩︎
- Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Memoria institucional 2023. Santo Domingo: SCJ, 2024. ↩︎
- Defensor del Pueblo. Informe sobre fallas estructurales en los procesos judiciales civiles, Santo Domingo, 2023. ↩︎
- Ministerio de Salud Pública. Boletín Epidemiológico Nacional, Semana 42 de 2024, Santo Domingo, 2024. ↩︎
- Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Buenas prácticas judiciales con enfoque psicosocial, Santiago de Chile, 2021. ↩︎
- Consejo del Poder Judicial. Resultados de la implementación de la mediación obligatoria en procesos civiles, 2024. ↩︎
- Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Programa académico de Derecho 2024, PUCMM, 2024. ↩︎
